La Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, ajenos a los vaivenes electorales de nuestro país, han puesto en cuarentena las previsiones económicas del Gobierno y descartan que España vaya a cumplir ni este año ni el próximo el objetivo del déficit del 4,2 y el 2,8 %, respectivamente. De hecho, el Ejecutivo comunitario ya ha advertido que quien gobierne después de las elecciones del 20D tendrá que reformar los presupuestos aprobados deprisa y corriendo por el PP para abordar nuevos recortes, que oscilarían entre los 7.000 y los 14.000 millones de euros, según las diferentes estimaciones de los expertos.
Pero esos nuevos ajustes deberían ser, según Bruselas, de carácter estructural y no vinculados a la evolución de la coyuntura económica. Es decir, deberían afectar directamente al funcionamiento y la dimensión del Estado: sanidad, educación, defensa, administración general... Y ello a pesar de que el gasto público en relación al PIB en España es inferior a la media de los países más desarrollados de la OCDE.
En estos momentos, el déficit tiene tres grandes agujeros en las cuentas públicas: la Seguridad Social „cuya hucha ha sido esquilmada en los últimos ejercicios„, las prestaciones por desempleo y el pago de los intereses de la deuda. Los dos primeros chorros de dinero vinculados muy directamente a la crisis económica y el tercero, fruto de la política de alegre endeudamiento de años anteriores y que se ha visto atemperado gracias a la política desplegada desde el BCE.
Entre la mayoría de expertos se incluye también entre las principales fuentes de desequilibrio a las comunidades autónomas, si bien con algunos matices. Joaquín Maudos (IVIE) lo vincula directamente con las deficiencias del actual sistema de financiación autonómica mientras Santiago Carbó (Funcas) recuerda que su participación proporcional en el conjunto del déficit no es la más amplia. No faltan tampoco quienes apuntan a motivos más de fondo, como Fabio Balboni (HSBC) quien se fija en los mencionados desajustes estructurales y algunas contradicciones entre los gastos y los ingresos previstos.
Porque, en efecto, tal como subrayan economistas como José Carlos Díez o el mencionado Maudos, no todo el esfuerzo debe recaer en el recorte de gastos, sino también en el aumento de los ingresos fiscales. De hecho, Miguel Cardoso (BBVA) advertía recientemente de los riesgos que implica la reducción de algunas figuras impositivos en algunas comunidades autónomas al mismo tiempo que se incrementan algunos gastos.
El control del déficit se antoja como uno de los asuntos nucleares a discutir de cara a las próximas elecciones generales. Obviamente, es previsible que ningún partido incluya en su programa recortes de gastos, por lo que la política impositiva será clave en sus propuestas. Por el momento, solo el PSOE ha explicitado una reforma fiscal que supondría un incremento de recaudación en torno a los 25.000 millones con el reforzamiento de los impuestos de patrimonio y sociedades, además de la lucha contra el fraude. Podemos pretende recaudar 30.000 millones más sin que haya explicitado en demasía cómo, más allá del aumento de la presión fiscal en el IRPF para las rentas superiores a los 60.000 euros anuales. Y el PP y Podemos centran sus propuestas en una rebaja fiscal, sin ahondar más. El debate está servido.
