07 de noviembre de 2015
07.11.2015

Servef y discapacidad

07.11.2015 | 04:15

Se está hablando mucho de los presupuestos sociales de la Generalitat y el desfase de 1300 millones generado para cuadrarlos. Además, gracias a la labor de análisis desplegada por Levante-EMV, incluso los legos en la materia hemos podido entender las grandes líneas de estos farragosos números. Siempre he defendido la necesidad de cumplir con los objetivos de déficit, pero sin embargo, no es comparable el endeudamiento de aquellos que lo hacen para alcanzar unos compromisos sociales, que quienes arruinaron las arcas valencianas para seguir engordando el saco roto de los eventos de amiguetes, las obras faraónicas o los aeropuertos sin aviones.

Convencido de que la llegada del nuevo Consell ha supuesto un cambio a mejor en materia de discapacidad y/o dependencia, hay que saltar de las cifras y las ruedas de prensa oficiales, al día a día que se vive en los centros y servicios de atención a personas con diversidad funcional. Para ello, quiero poner sobre la mesa la experiencia que tengo en el ámbito de los centros especiales de empleo, empresas sociales dependientes del Servef, y que desde su creación en 1985, se han convertido en el único y auténtico dinamizador del empleo para este colectivo.

Los datos ofrecidos por el Ejecutivo valenciano indican que los presupuestos del Servef crecerán en 2016 un 15,8 %. Además, la vicepresidenta Mònica Oltra confirmaba la ampliación dotada para 2015 en centros, puesto que la cantidad inicial presupuestada por el PP era insuficiente para sus necesidades. Estamos por el buen camino, pero no es suficiente. Los centros especiales de empleo de la Comunitat Valenciana han sufrido en los últimos tres años un recorte de más del 80 % de las ayudas; se han suprimido ilegalmente subvenciones oficiales que disfruta el resto de centros de España; se han priorizado políticas que fomentan la temporalidad y los contratos basura, al liquidar el programa de creación de empleo estable. El Gobierno central destruyó toda la reforma de Zapatero para dignificar estas empresas sociales y se está expulsando del sector a los trabajadores con discapacidades más severas. En definitiva, aquí se cumple eso de que hay «mentiras, medias verdades y estadísticas», y a pesar de la buena voluntad del Ejecutivo valenciano, la realidad es mucho más acuciante, requiriendo de actuaciones de mayor calado para reorganizar el sector, dotar a los centros de las ayudas que necesitan y volver a crear empleo digno para las personas con diversidad funcional.

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