El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, defendía el pasado 2 de agosto la necesidad del Consell Jurídic Consultiu (CJC) para mejorar «la calidad legislativa». Fue a raíz de la presentación de la memoria anual del organismo, el acto protocolario en el que su presidente, Vicente Garrido, le hace entrega del pincho con los informes del año anterior.
Pues bien, unos meses después, ese mismo Consell Jurídic le está originando un auténtico quebradero de cabeza al Molt Honorable, que está viendo como dos de sus propuestas estrella, la eliminación del copago farmacéutico para los discapacitados o la creación de un grupo de funcionarios de élite están recibiendo importantes y sonoros varapalos. Y las que no necesitan del preceptivo informe de la institución dirigida por Garrido, ya que pasan por las Corts, acaban recurridas en el Tribunal Constitucional, como la de la extensión de la asistencia sanitaria a todos los inmigrantes.
Aunque los tres cuestionamientos no son similares „en los dos primeros del Consell Jurídic priman los argumentos legales, y en el tercero, el del Gobierno de Mariano Rajoy ante el Constitucional, priman los políticos„, en todos los casos, lógicamente, hay una falta de rigor jurídico en la redacción de las normas.
Detrás de estos fallos debería haber una responsabilidad y, por supuesto, como mínimo, un expediente. ¿Simples olvidos? ¿Incompetencia? Se trata, en definitiva, de un trabajo mal hecho que acarreará unas consecuencias que afectan, en uno de los casos, a una parte de la población que se encuentra desprotegida, en colectivos «especialmente vulnerables», que deberán esperar meses a que se corrija el error, aunque se aplique el carácter retroactivo.
Y no se trata de sembrar dudas sobre las ayudas, como señalaba ayer la consellera Carmen Montón, tras la reunión con los representantes del Cermi, sino de hacer las cosas correctamente desde el principio para evitar que puedan surgir dichas dudas.
Y ojo con la que se puede montar con las ayudas para los libros de texto.
