11 de noviembre de 2015
11.11.2015

Empleo e instituciones

11.11.2015 | 04:15

Los resultados de las últimas elecciones avivaron la esperanza de que las cosas podrían cambiar. Lamentablemente, el amplio número de altos cargos nombrados y la ausencia de propuestas para adelgazar la Administración hacen temer que el cambio se quede en mera retórica. No se aprecian iniciativas para reducir el gasto de funcionamiento de las corporaciones en las autodenominadas fuerzas de progreso y sí hemos visto que temas obvios que deberían afectar a todos los niveles se convertían en aparatosos montajes burocráticos de dudosa utilidad (léase engendros como la Conselleria de Transparencia).

Si queremos reconstruir el Estado de bienestar en nuestro país, será preciso aumentar el gasto social y para ello se impone recaudar más o aumentar la deuda (lo que sería suicida). Una política fiscal distributiva que anule exenciones fiscales de grandes empresas y fortunas, parece más propia de un Gobierno central y tendremos que esperar a diciembre para que dichas propuestas se formulen y tengan visos de realidad. Por el contrario, nuevas figuras impositivas sobre bienes suntuarios y servicios están a escala local y autonómica y me pregunto si se está moviendo algo en este sentido.

En cualquier caso, la falta de empleo es el mayor problema de la ciudadanía porque daña su calidad de vida, incrementa los gastos de la Administración y reduce la recaudación de impuestos directos e indirectos y el PIB. Por eso, se me antoja que la primera responsabilidad debería ser crear empleo productivo (no confundir con acomodar a los amigos). Ayuntamientos y comunidades autónomas podrían fomentar proyectos de aprovechamiento de la biomasa de bosques y lanzar planes de empleo que actúen en la prevención de incendios forestales, pero con un objetivo inmediato de obtención de riqueza. De la misma manera, si queremos que se cumpla el derecho a la vivienda, deberíamos lanzar programas de construcción y gestión de viviendas sociales, rehabilitando el patrimonio, creando empleo y riqueza, demostrando que el beneficio público puede ser un estímulo tan válido como el lucro en la reactivación de la economía.

Sin ser derrotista, no parece que nada se mueva en la dirección anterior y, al contrario, las ideas de una renta básica para la ciudadanía desde Podemos o la idea de un ingreso mínimo vital para las personas en riesgo de exclusión de Pedro Sánchez se apartan del camino de la creación de empleo productivo y se proyectan hacia las subvenciones a fondo perdido cuando lo cierto es que de cada 100 euros pagados en sueldos por la Administración casi 40 retornan en forma de impuestos y pago de servicios; por lo que se antoja que nadie como las instituciones lo tiene más fácil para crear empleo. Eso supondría pasar de la práctica del gasto a la de la inversión productiva y ahí está el reto para gestores inteligentes.

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