La deuda de la Generalitat Valenciana asciende a 40.085 millones de euros y es la autonomía más endeudada de todo el Estado, prácticamente el 40 % de su producto interior bruto. Las dos comunidades más endeudadas después de la valenciana son Castilla-La Mancha, con un 34 %, y Cataluña, con aproximadamente el 33 % de su PIB. Son cifras inmensas, teniendo en cuenta que la media autonómica de endeudamiento está en el 23 % del PIB autonómico y que en el otro extremo de comunidades autónomas menos endeudadas, las cifras son tres veces menores (Madrid con un 13 % y País Vasco y Canarias con poco más del 15 % de sus respectivos PIBs).
Una deuda que no deja de crecer aceleradamente, de la misma forma que sus intereses. Respecto al 2010 se ha duplicado (suponía un valor de 20.119 millones), pero respecto al año 2005 se ha cuadruplicado (la cantidad adeudada era entonces 10.532 millones). Cada valenciano, cada valenciana, tiene en estos momentos una carga de más de 8.000 euros de deuda sobre sus hombros
La Plataforma de auditoría ciudadana de la deuda (PACD forma parte del movimiento que lucha por romper las cadenas de la deuda tanto en Valencia como en el Estado y en Europa. Este movimiento en favor de una auditoría ciudadana tiene en su ADN la siguiente caracterización ética: la auditoría tiene que ser ciudadana, es ésta la que con su participación propone y toma decisiones para evaluar la deuda y cono afrontarla; debe ser integral, no exclusivamente económica, y debe llegar a todos los ámbitos de la vida de las personas: género, salud, ecología, urbanismo; es permanente, no es solo para revisar la deuda pasada, también va a velar por la correcta gestión en el futuro, gobierne quien gobierne. La auditoría ha venido para quedarse.
Tras las elecciones de mayo, en las PACDs compartimos la ilusión por el nuevo período abierto a una nueva mayoría social en la Generalitat. El 11 de junio se firmó el Pacte del Botànic, en el cual se incluía nuestra propuesta de realización de una auditoría ciudadana de la deuda de la Generalitat, de los diferentes departamentos y las entidades dependientes, con publicidad de los informes finales.
Esperábamos una voluntad decidida por llevar a cabo las promesas y compromisos de nuevo gobierno, entre las que se encontraba la realización de una auditoría ciudadana de la deuda que identificase qué parte de la misma es odiosa o ilegal, al mismo tiempo que nos permitiese conocer cuáles han sido los mecanismos de endeudamiento y quienes han sido los responsables para iniciar acciones legales destinadas a identificar responsabilidades y pedir reparaciones. Sin embargo, semanas atrás el conseller de Hacienda, Vicent Soler, histórico militante del PSPV-PSOE, se refería al tema de la deuda valenciana en los siguientes términos: «Reivindicamos que de lo que somos responsables nos hacemos cargo: el despilfarro, la corrupción, etcétera, cometida por gente que votamos los valencianos».
El conseller parece haber decidido ya cuál sería el resultado de una auditoría, que está claro no tiene la más mínima intención de realizar y la sustituye con su propia hoja de ruta, sorprendentemente favorable y encubridora de los políticos salientes a los que les concede la impunidad. Desgraciadamente, esto supone un giro radical respecto a la defensa de los intereses sociales, quebrantando una promesa de gobierno clave que formaba parte de los acuerdos de obligado cumplimiento firmados en el Pacte del Botànic.
La nueva y no avisada posición política del conseller Soler invierte la realidad. Los valencianos y valencianas no somos responsables ni del despilfarro, ni de la corrupción, incluyendo los gastos suntuarios y el despilfarro unido a los que nos han gobernado y a sus amigotes. Lo que debe hacer es cumplir lo prometido y largo tiempo deseado socialmente, dando paso a una auditoría ciudadana que permita hacer notoriamente públicas las responsabilidades morales, civiles y penales de los que así han actuado.
Desde las plataformas de auditoría ciudadana de la deuda del País Valencià, pedimos que se retomen inmediatamente las promesas de gobierno comprometidas con la ciudadanía, e instamos a Compromís y Podemos, firmantes de ellas junto con el PSPV-PSOE, a que se manifiesten en este sentido, exigiendo que se cumpla el contrato social adquirido con los y las valencianas, impidiendo que vuelva a reproducirse el desengaño por los incumplimientos políticos flagrantes y las agendas de gobierno ocultas.
