20 de noviembre de 2015
20.11.2015

Urbanismo: Del dogmatismo Thatcherista al desastre económico y moral

20.11.2015 | 04:15

En Europa la actividad urbanística entendida como el proceso por el cual unos suelos rústicos se transforman y se incorporan a la ciudad, es fruto de una planificación básicamente pública. Sin embargo, la falta de financiación de las administraciones públicas españolas fue la causa inicial por la que tradicionalmente el proceso urbanizador se dejara en manos de los propietarios de suelo, que son los que financian la ejecución de la obra urbanizadora, ceden a la Administración los suelos destinados a vivienda y dotaciones públicas ya ejecutadas, y obtienen finalmente los solares producto de dicha transformación. De esta forma, los beneficios económicos de este proceso público de transformación física y legal del suelo „que pasa de naranjal a solar„ no van a la colectividad, sino a los particulares que aportan los suelos y que financian su transformación.

Con la coartada de un falso liberalismo, la Ley 6/98 de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, aprobada durante el gobierno de José María Aznar, pasó a considerar susceptible de ser urbanizado todo el suelo rústico no afectado por una normativa sectorial que lo impidiera: costas, carreteras, forestales, etcétera.
La recalificacón de suelos a demanda de los promotores económicos, fue empleada con convicción y determinación inusitada en la Comunitat Valenciana. Según datos del Servicio de Coordinación de la Dirección General de Urbanismo, en estos años se aprobaron 299 recalificaciones de suelo para satisfacer necesidades concretas, 34 de ellas de más de un millón de metros cuadrados. Aprovechando la revisión de los PGOU se hicieron otras 191. Ello supuso un crecimiento urbano superior al 110 %, cuando los estudios de demanda lo fijaban en el 25 % en 20 años.
La Generalitat Valenciana lideró el proceso, lo financiaba a través de las entidades públicas y con el objetivo de dar servicio a las nuevas urbanizaciones privadas se lanzó a una vorágine de construcción de infraestructuras de movilidad y ocio, a la organización de los llamados grandes eventos. Todo era poco para que los pisos se vendieran bien.
De forma paradójica, al mismo tiempo que miles de viviendas se construían y quedaban vacías, muchos jóvenes valencianos no podían acceder a una vivienda, y otros se tenían que sobrehipotecar quedando obligados de por vida a pagar cuotas mensuales imposibles. El mercado ha resultado tan ineficiente que, al mismo tiempo que la oferta excedía con mucho a la demanda, los precios, en vez de bajar, subían. El mercado en urbanismo ha fallado de forma estrepitosa como mecanismo de adopción de decisiones económicas eficientes.
La consecuencia de este dogmatismo ideológico y de la falta de mesura y racionalidad, es por todos bien conocida: crisis social, endeudamiento público, las tres entidades financieras valencianas rescatadas con dinero de nuestros impuestos, obras y urbanizaciones abandonadas. En el año 1995, nuestra renta per cápita era el 95 % de la española y hoy estamos en el 88 %; en 1995, la Comunitat era la segunda autonomía en volumen de exportaciones y en 2014 es la cuarta.
El modelo, además, ha propiciado una crisis ética y moral sistémica, provocada por la posibilidad creada de facilitar la obtención de grandes beneficios a actores económicos concretos, con la adopción de decisiones administrativas demasiado discrecionales que se adoptaban en demasiadas ocasiones al margen de criterios rigurosos de carácter territorial y ambiental. ¿Por qué se aprueba una urbanización con esos usos, con ese tamaño y en ese lugar? ¿Porque es lo más correcto o porque allí es donde determinado promotor tiene el suelo comprado? La tentación ha sido demasiado fuerte en demasiadas ocasiones.
En el futuro, los valencianos debemos reaccionar y reorientar el urbanismo para volver a la racionalidad, a la moderación, a planificar un crecimiento medioambientalmente sostenible que obedezca a necesidades y demandas reales de la sociedad en su conjunto, que es algo más que la suma de los intereses de los diferentes actores privados que operan en un mercado. Nuestro territorio es el mejor legado que podemos dar a generaciones venideras, salgamos del pensat i fet, reflexionemos juntos y encontremos el equilibrio. Apostemos con valentía y compromiso por valorar, proteger y usar con responsabilidad nuestro territorio.

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