Un nuevo tropiezo legal-burocrático. Los interventores municipales de la provincia de Valencia han advertido que tramitar la ayuda de 100 euros para los libros de texto como se ha hecho, va a contar con su dictamen negativo al «no adecuarse a ningún proceso de contratación pública, donde no cabe el pago anticipado por un bien que no se ha recibido». Un traspiés más del actual Ejecutivo autonómico con una medida muy esperada. El aviso de los interventores debería poner en marcha „que es lo que elllos pretenden„ todos los resortes de la administración para corregir el posible error y evitar que una medida que ha desatado una gran expectación social no se vea abocada a retrasos indeseados por no haber contado con la capacidad resolutiva adecuada. Y no es la primera vez que sucede algo parecido con una de las medidas estrella del actual Consell. Solo hay que recordar lo que ocurrió con el copago farmacéutico para los discapacitados en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos. O con la creación del grupo de «funcionarios de élite».
Un encadenamiento de errores que debería hacer recapacitar al amplio equipo de letrados a las órdenes del Consell. Si es que se les consulta antes. Porque esa es otra. La de los jurídicos, digo. No hay forma de cubrir la plaza de Abogado de la Generalitat. Los poco más de 50.000 euros anuales que se pagan por el cargo, al margen de la intrínseca vocación de servidor público, no cubren ni de lejos las expectativas de los juristas de prestigio que se tantean para la plaza „pese a que para decenas de miles de asalariados o desempleados pudieran parecer escandalosos; todo depende desde el punto de vista que se mire. No hay que perder la perspectiva„. Pues bién, algunos de estos juristas de prestigio ya han comunicado que estar expuestos a la crítica pública „el pim, pam, pum„ por el sueldo que cobran sus pasantes, pues no.
En fin, trabajo tienen Ximo Puig y Mónica Oltra para mejorar «la calidad legislativa». Especialmente el primero.
