28 de noviembre de 2015
28.11.2015

Infrafinanciación, políticas erróneas, corrupción

28.11.2015 | 04:15

Cuatro meses después de formarse el gobierno progresista que preside Ximo Puig, el discurso de la infrafinanciación lleva camino de convertirse en la explicación de la impotencia o de la incapacidad de cumplir los programas que merecieron el voto de la mayoría de los ciudadanos. Los partidos y coaliciones del Acuerdo del Botánico no parecen tener discrepancias sobre este punto. Si no se modifica la financiación autonómica, la legislatura puede darse por concluida a falta de algunas medidas que no requieran plan económico. El presidente Puig ha llegado a preguntarse en público por la viabilidad, en otro caso, de la Comunitat Valenciana, al margen de que la autonomía responda a una voluntad de descentralización y de autogobierno. Las organizaciones empresariales, tan dóciles durante los lustros del descontrol del gasto y de la corrupción, levantan la voz y se suman a la queja generalizada. Piden gasto público y administración privada de los servicios.
La infrafinanciación se resume en una insuficiente asignación de recursos financieros por la Administración central, lo que al parecer crea una insoportable y no se sabe si intencionada discriminación de los valencianos. El discurso del victimismo («somos maltratados», «el Gobierno desprecia a los valencianos», etcétera) tiene, sin embargo, padres conocidos: comenzó tan pronto Francisco Camps presidió la Generalitat, con Rodríguez Zapatero en La Moncloa. Contra toda lógica, un partido nacional español, el PP, desarrolló un discurso de discriminación y victimismo con el objetivo de señalar un enemigo externo, el gobierno socialista «de Madrid», y de descalificar al enemigo interno, el PSPV, un partido que no representaba los verdaderos intereses de los valencianos. El discurso, a fuerza de repetirse, fue asumido por amplios sectores de la población según lo prueban los estudios de opinión que durante años se llevaron a cabo, y que todavía sitúan a los socialistas en un lugar secundario en cuanto posicionamiento en defensa de «lo valenciano». La estrategia de crear un enemigo, demonizarlo y polarizar a la opinión pública, en el mejor estilo del populismo estratégico que con tanta precisión estudió Ernesto Laclau, aquí fue obra de la derecha. De todo eso nos ocupamos, asociándolo a la creación de redes clientelares, control de medios de comunicación y corrupción en el libro que publicanos en abril de 2011, «El secuestro de la democracia. Corrupción y dominación política en la España actual».

En un momento dado, cuando arreciaban las denuncias de malversación continuada y de financiación ilegal sobre el Consell y el PPCV, cuando la instrucción judicial iba multiplicando las causas y desdoblando las piezas, cuando se amontonaban los informes de la policía especializada en delitos económicos, la queja del maltrato del Gobierno central a los valencianos cobró forma de sesudo informe profesional. Bastó un encargo en 2012 de la Asociación Valenciana de Empresarios, lobby empresarial, al Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) para que en poco tiempo llegaran las cuentas del Gran Capitán. El IVIE, formado por economistas de reconocida solvencia, ha realizado informes a petición de la Generalitat, que lo sufraga, sus opiniones no están exentas de valor ideológico y algunos de sus integrantes han ocupado altos cargos en los gobiernos del Partido Popular.

Los valencianos, afirmaba el IVIE, recibíamos menos recursos del Estado que el resto de los españoles. Poco importaba si la Ciudad de las Artes había costado cinco veces su presupuesto, si la Ciudad de la Luz era una inversión ruinosa que para funcionar exigía subvenciones a la producción cinematográfica prohibidas por la Unión Europea, si la plantilla de Radiotelevisión Valenciana superaba la de los dos grupos del audiovisual privado español tomados en conjunto, una multitud de inversiones de dudosa oportunidad económica por su capacidad de estimular la capacidad productiva de la Comunidad y una larga lista de dispendios, abusos, o puras acciones delictivas destinadas a apropiarse de bienes públicos y trasladarlos al partido del gobierno o a los patrimonios personales, en una historia que dejó de ser presunta desde el momento en que comenzaron a dictarse las primeras sentencias judiciales.

Inicialmente, el discurso lo asumió el cliente del IVIE y el gobierno de la Generalitat, que una vez agotadas guerras como la del agua se apresuró a hacer responsable de todos los males a Zapatero, puesto que para entonces era Mariano Rajoy y su trituradora de empleo, de derechos sociales y de inversión lo que imperaba en nuestra inmersión en el austericidio. Los «valencianos» ya no eran solo quienes acaparaban los telediarios cada semana con un nuevo caso de corrupción o por disponer de aeropuertos sin aviones. Los valencianos habían sido maltratados por un diabólico sistema de financiación del régimen autonómico que impedía hacer más cosas por la población.
Inicialmente, la oposición desconfió de este discurso. Al menos, no pareció creerlo durante un tiempo. En febrero de 2013, el hoy presidente de la Generalitat presentaba un informe que evaluaba en 1.200 millones de euros el impacto de la corrupción en nuestra comunidad. En algún momento del trayecto se ha cambiado un diagnóstico por un dictamen al servicio de otro proyecto. ¿Qué ha sucedido entre tanto? La coherencia del discurso ha quedado en entredicho. Sus consecuencias superan el simple cambio de opinión. Quienes lo sustentan ahora se disponen a ser víctimas de sus actos y de sus palabras. Y tan siquiera lo sospechan.

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