Los datos del tráfico y consumo de estupefacientes demuestran el fracaso de las políticas aplicadas hasta el momento. La droga se extiende por nuestra sociedad y mueve cantidades millonarias que se emplean para corromper el sistema social y destruir el sistema nervioso de nuestros jóvenes a los que las políticas educativas, sociales y económicas han llevado al desempleo y la frustración. Las cafeterías de nuestras universidades apestan a porro y la calle es un gran mercado de cocaína. Una estúpida política de información pública confunde el consumo de tabaco, alcohol, marihuana o cocaína en lugar de enseñar el verdadero rostro de la estupidez y degradación a la que llevan el porro, la coca o las anfetas.

No hay marcha atrás. Debemos plantearnos la legalización y regulación de la producción y consumo de drogas. Lo peor es seguir como hasta ahora, despenalizando el consumo (lo que favorece el clientelismo), haciendo la vista gorda a la producción de drogas llamadas blandas (no hay droga blanda que no aliene y lleve a otros consumos), o enviando mensajes confusos que tratan de disuadir a los consumidores y acaban mezclando todas las dependencias sin especificar las consecuencias de cada una.

La UE ha incorporado en el cálculo del PIB las actividades de tráfico y prostitución pero dejándolas en el marco de la economía sumergida y ha llegado el momento de hablar sin tapujos del tema, de analizar las ventajas e inconvenientes de regular un marco que controle la producción, distribución, venta y uso de cualquier sustancia que ya existe en nuestras sociedades. Propongo que se regulen todos los aspectos de la actividad y se acepte la drogodependencia como enfermedad que debe ponerse en conocimiento de médicos y sicólogos que informen a los drogadictos y receten las dosis que se venderán en establecimientos farmacéuticos. Sería absurdo que la producción de cannabis estuviera menos regulada que la de cualquier producto vegetal o que una actividad comercial millonaria se entregara al marco de la economía sumergida y se eximiera de impuestos.

Legalizar productos nocivos para la salud repugna a la inteligencia pero no olvidemos que el consumo de estupefacientes existe en nuestras sociedades y corrompe nuestras instituciones. Si no se regula, se despoja al Estado de la posibilidad de recaudar impuestos con los que, entre otras cosas, ayudar a los toxicómanos. Sería lamentable que un puritanismo absurdo impidiera tomar decisiones en favor de la sociedad y en contra de quienes obtienen pingües beneficios dañando la salud de los ciudadanos y llenan las cárceles de pequeños traficantes que les sirven como peones.