La quinta tarea titánica del nuevo Ejecutivo es recuperar una educación pública de calidad. Ello implica no sólo acabar con los añejos barracones que nos acompañan desde hace décadas, sino dignificar todos los aspectos de la enseñanza pública, empezando por la disminución del número de alumnos por profesor en primaria, el aumento de las dotaciones de los centros y la mejora de las condiciones del profesorado.

El progreso de una sociedad se asienta en el cuidado de su educación, esto no nos viene de nuevas. Todo lo demás, si no atendemos a este principio fundamental, sería como construir sobre cimientos de barro. Cuidar la educación también supone actualizarla continuamente y dotarla de contenidos transversales imprescindibles para afrontar los principales retos de nuestro tiempo. Pero lo más urgente no es aprender los últimos adelantos en informática o dotar las aulas de pizarras digitales, sino tomarnos en serio la educación ambiental, prioritaria ante el cambio climático, así como enseñar una ética del respeto a la diversidad, de género, de cultura o de religión, imprescindible para una interculturalidad en convivencia equilibrada.

Por lo demás, tenemos los conciertos educativos con centros privados, que por una parte aportan pluralidad a la educación, algo que bien enfocado siempre es enriquecedor. Cierto es que la sociedad es plural en sus ideas y tiene sentido que esa diversidad se exprese también en los matices metodológicos e ideológicos que aportan las iniciativas privadas. Pero no es evidente que tenga que darse una equivalencia de trato: la conselleria debe ante todo dignificar la educación pública, que estuvo bastante olvidada durante las últimas décadas de gobierno Popular. Una educación impartida, por cierto, por un profesorado que en su mayor parte ha conseguido una plaza por oposición pública. No ocurre así en la enseñanza privada, donde es el centro -que cuenta con subvención pública- quien elige con su propio criterio a los profesores, excepto a los de religión, que los nombra el arzobispado. Asignatura de religión católica concretamente, pagada por un Estado en cuya Constitución se precisa que España es aconfesional; religión católica de docencia subvencionada en un país con inmigrantes de múltiples credos, que también pagan sus impuestos...

En cualquier caso tiene pleno sentido mantener la diversidad educativa y apoyarla, pero priorizando siempre una buena enseñanza pública común e integradora, volviendo a recuperar el bachillerato en centros públicos, las convocatorias de oposiciones para nuevas plazas, la mejora de la carrera docente y la formación continua del profesorado. Los conciertos con los centros privados deben mantenerse por razones de continuidad y diversidad, pero adaptados a una nueva política que rescate la educación pública de la marginación a la que había sido relegada.