Mañana tenemos elecciones, que alumbrarán, previsiblemente, un mapa electoral muy diferente del actual: sin mayorías absolutas, con más actores políticos en primer plano, que estarán abocados a pactar para configurar una mayoría de Gobierno. Sin embargo, estos profundos cambios se darán con un marco legal completamente anquilosado, y no sólo por la Ley Electoral. Dicha ley permanece inalterada desde las primeras elecciones de 1977, cuando consagró un sistema de circunscripciones provinciales que privilegia a las provincias menos pobladas, de población mayoritariamente rural y de mayor edad, y que beneficia a los partidos mayoritarios, que son los únicos que obtienen representación en la mayoría de las circunscripciones.
Pero, además de esta ley, la reglamentación de las elecciones también incorpora algunas restricciones que se están viendo muy claramente superadas por la realidad social. Por un lado, la pervivencia de la «jornada de reflexión» el día anterior a las elecciones. Una jornada para que los ciudadanos mediten a quién votar tras el bombardeo inmisericorde de dos semanas de campaña y muchos meses de precampaña.
Por otro lado, la segunda restricción que quería sacar aquí a colación concierne a la publicación de encuestas. En España no se pueden difundir encuestas en los cinco últimos días previos a la jornada electoral. Esto no significa que no se puedan hacer encuestas (de hecho, los partidos siguien haciendo encuestas internas hasta el mismo día de las elecciones, para saber qué puede estar pasando), sino que no se pueden hacer públicas.
El objetivo de mantener esta regulación, en teoría, es impedir que las encuestas puedan condicionar el voto del electorado. Al lector no se le escapará la contradicción elemental existente entre esta restricción y el hecho de que sí que se puedan publicar encuestas anteriores, porque: ¿acaso las encuestas que se publicaron el pasado domingo, o la encuesta del CIS, no habrán podido condicionar el voto de los ciudadanos? Y, más allá de esto: ¿es necesariamente malo que algunos, o muchos, ciudadanos, se dejen guiar por las encuestas para determinar el sentido de su voto? Si nos preocupa que la gente se vea influida por una encuesta ¿no deberíamos preocuparnos también por el influjo de un informativo, o un debate, o una medida del gobierno?
Todo influye, en definitiva, y el ciudadano decide en virtud de condicionantes muy diversos. Rara vez el voto es producto de un único acontecimiento: tampoco suele ser una decisión que se adopte a corto plazo, de un día para otro. En estas elecciones, en efecto, llegan muchos indecisos a las urnas. Pero que estén indecisos no significa que sean un sobre en blanco a la espera de que el primero que llegue lo rellene con una papeleta: los indecisos también están observando todo lo que sucede, y también obrarán en consecuencia, votando a uno u otro (o absteniéndose) según un cúmulo de factores.
La prohibición de publicar encuestas, además de un ejemplo un tanto ridículo de paternalismo sobre el electorado, constituye también una discriminación, pues sólo algunos (quien pueda pagárselas, y en particular los grandes partidos) disponen de esos datos en la recta final. Y, además, en el marco globalizado en el que nos movemos, no sirve para nada.
En pasadas elecciones ya vimos cómo algunos medios españoles utilizaban publicaciones extranjeras para difundir sondeos en la última semana de campaña. En esta ocasión lo está haciendo el Periòdic d´Andorra (vinculado con el Periódico de Cataluña), con una encuesta diaria. La encuesta luego se difunde a través de las redes sociales. La web especializada Electograph ha ideado un ingenioso sistema, en el que los partidos son frutas y hortalizas a las que se les asigna un precio.
Más alla de la «frutería» del Periòdic d´Andorra, la prohibición de publicar encuestas propicia que proliferen todo tipo de rumores y comentarios sobre cómo pudieran estar evolucionando las cosas. Parece que Podemos sube con fuerza y estaría casi empatado con el PSOE. Que el PP sigue en cabeza, pero con unos resultados claramente insuficientes. Y que Ciudadanos se desinfla. Pero ahora ya no nos basamos en encuestas sometidas al escrutinio público, sino en rumores difundidos quién sabe con qué intención y basándose en qué datos. Así que, en definitiva, la prohibición de publicar encuestas consigue justo lo contrario de lo que se proponía.
