De forma difícil de explicar, los socialistas valencianos se han aferrado a la tesis de la discriminación externa y a la {deuda histórica», esto es, lo que debíamos haber ingresado en un cálculo hipotético que ignorase la gran recesión que nos castiga desde hace seis años. Pero aquí la incongruencia es mayúscula. Porque la ley de financiación de las comunidades autónomas fue elaborada por el gobierno que presidía José Luis Rodríguez Zapatero y fue aprobada por las Cortes con el voto de los socialistas y de sus aliados, en aquel momento, Esquerra Republicana de Catalunya e Iniciativa per Catalunya, con otros socios menores; se abstuvieron el PNV e Izquierda Unida; votaron en contra el BNG, CiU, UPyD y, cómo no, el PP, opuesto a todo lo que viniera del gobierno. La ponente socialista, la diputada por el PSC Montserrat Colldeforns, afirmó entonces de la nueva ley: «Mejora e iguala la financiación per cápita de todas las autonomías de régimen común». No hubo enmiendas de los representantes valencianos. El portavoz de CiU, Josep Sánchez Llibre, pronunció unas palabras premonitorias que despertaron la mofa de un diputado gubernamental: «van a cometer un asesinato político con premeditación del Estatuto de Cataluña». La ley se aprobó con 176 votos a favor, el número necesario para salir adelante, no sobró un voto.
¿De qué lado cae la razón? Uno está dispuesto a admitir, ante argumentos sólidos, que anda errado también en esto, como en tantas cosas; que la Lofca de 2009 es el origen de todos los males actuales de la Comunitat Valenciana y que existe una conjura nacional para privar a los valencianos de lo que les corresponde del presupuesto español. Pero en ese caso, el PSPV-PSOE tiene un problema mayor porque sus diputados fueron los autores de la ley y de su aprobación por las Corts. Podemos admitir que votaron por disciplina o que no sabían lo que hacían, que no entendían las consecuencias técnicas de lo que estaban aprobando o que discrepaban en privado pero no podían expresar su disconformidad. Si fuera así, no estaban capacitados para representarnos.
Ahora resulta que de aquellos diputados de septiembre de 2009, repiten en las listas del PSPV-PSOE aprobadasque concurrieronel pasado 20 de diciembre José Luis Ábalos y Cipriano Ciscar, en puestos de salida. Entre los que votaron a favor la ley estaban Carmen Montón, actual consellera de Salud que ha de cuadrar servicios y presupuestos imposibles, y Joan Calabuig, portavoz en el Ayuntamiento de Valencia. No solo votó a favor, sino que firmó la ley en calidad de presidente en funciones del gobierno la diputada María Teresa Fernández de la Vega, cabeza de lista por Valencia al Congreso de los Diputados en 2008. Votó a favor el ahora también candidato por Alicante Herick Campos, entre otros que hoy están retirados de la política activa. Inmaculada Rodríguez-Piñero, europarlamentaria, dejó su escaño en abril anterior para integrarse en el Ejecutivo responsable de la ley. Días antes de la votación de septiembre de 2009 renunció a su escaño para pasar al sector privado el que fuera cabeza de lista por Castelló, Jordi Sevilla, en la actualidad miembro del «consejo de sabios» que asesora a Pedro Sánchez. Ninguno de los citados ha declarado su error de entonces o ha salido a rectificar las declaraciones del actual Consell sobre las causas de las dificultades financieras de la Generalitat. Tampoco se conoce un diagnóstico del error de 2009 por el vigente consellerde Hacienda, Vicent Soler, en aquella fecha sin responsabilidades políticas en su partido pero un competente profesor de economía.
¿Cómo es posible que todo esto se haya olvidado? Es comprensible que el PP valenciano objete la ley con pinceladas gruesas. Bastante tiene ocupándose de responder a los requerimientos judiciales por tantos casos como se le acumulan y con intentar desviar la atención de sus problemas, bastante tiene con conservar en el Consell Jurídic Consultiua Francisco Camps, investigado por los contratos de la Fórmula 1 y responsable político de la etapa en la que los cargos decisivos de la ejecutiva de su partido, si hemos de creer a la Justicia, formaban una trama delictiva.
Si tuvieran razón quienes sostienen la perversión del modelo de financiación de 2009 como causa principal de nuestros problemas, además de solicitar al gobierno y a las futuras Corts una corrección de urgencia, a la que ningún valenciano pondría reparos, los dirigentes socialistas debían ser consecuentes con sus convicciones, debían precipitarse a recomponer las listas al parlamento y abstenerse de solicitar el voto para candidaturas que los incluyeran; ellos mismos, también la consellera Montón y el concejal Calabuig, tendrían una magnífica ocasión para disculparse ante la sociedad y pasar a la vida privada, que tantas satisfacciones les reserva después de dilatas trayectorias al servicio del país.
Pero lo que uno espera realmente es que el gobierno de la Generalitat Valenciana deje un discurso prestado, examine con detenimiento la historia reciente valenciana y comience a hacer política sin coartadas.
