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Matías Vallés

Fraude patriótico

Es difícil acusar a cinco mil personas del mismo crimen. Sin embargo, el listado de morosos millonarios de Hacienda alinea a un catálogo de personajes que, más allá del error y la picardía, han mostrado la voluntad deliberada de engañar a España o de despreocuparse de su destino, al optar por la rentable insumisión fiscal. Esta avidez defraudatoria contrasta con un listado en el que los independentistas y anarquistas brillan por su ausencia. Abundan en cambio los patriotas, que han aleccionado a la ciudadanía sobre sus obligaciones y contra sus quejidos. Al mismo tiempo, abrían cuentas en Suiza, otra particularidad presente en buena parte de los señalados por el dedo acusador de la Agencia Tributaria.

Nadie garantiza que el patriotismo defraudatorio no siga boyante en sus dos ramales compatibles, el españolismo profesional y el impago vocacional de impuestos. En la actualización de símbolos pretéritos de ambas doctrinas, es fácil imaginar la pedagogía que hoy impartiría Díaz Ferrán, de continuar al frente de la patronal según era su deseo. El líder empresarial pontificaría sobre la urgencia de un Gobierno postelectoral estable, digna continuación de los ejecutivos que ampararon su morosidad desatada. Remarcaría de paso los peligros económicos del nacionalismo catalán, aunque no para su bolsillo. Lejos de nuestro ánimo sugerir que los apóstoles de patria y fraude estén engañando masivamente al fisco. Sin embargo, la tabla de la Agencia corrobora la urgencia de investigar con especial celo a esta tribu.

La elevada densidad de patriotas en la lista de morosos millonarios no deja hueco a los asalariados, los auténticos soportes del malogrado Estado del Bienestar. En cualquiera de los selectos clubes náuticos o golfistas que frecuentan los grandes defraudadores, serían expulsados si no abonaran las cuotas. Sin embargo, nadie ha hablado curiosamente de expulsar del país a los pícaros que no contribuyen a los gastos colectivos, y que jamás saldarán una deuda inextinguible. En cuanto al Estado acusador, debe explicar por qué no interrumpió sangrías de diez millones de euros cuando rondaban el primer millón.

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