¿De verdad el culpable era Zapatero?

Es la tesis que ha hecho circular, a lo que parece con cierta fortuna, el Partido Popular. Sin ánimo de polemizar, sino con el sano propósito de contribuir a sumar voluntades en el esfuerzo que entiendo debe ser de todos los valencianos por conseguir cambiar un estado de cosas que daña nuestra posibilidades futuras de desarrollo, me gustaría aportar algunas reflexiones al respecto.

El modelo de financiación se fija en 2002. La objeción más importante es que el planteamiento del catedrático Piqueras obvia completamente los antecedentes de la reforma de 2009, el contexto en la que se aprobó y las actuaciones en los años posteriores. Nadie duda hoy desde el plano técnico -tampoco en 2009- que el sistema aprobado en la etapa de Zapatero supuso una mejora, obviamente insuficiente, del modelo del que partía, que no es otro que el aprobado en 2001, bajo la presidencia de José María Aznar y cuya autoría se arrogó el extitular de la Generalitat Eduardo Zaplana, que comenzó a regir a partir de 2002, atribuyéndole el calificativo de «modelo definitivo».

Ese avance no es que lo diga este conseller. Figura ya en el informe que el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) realizó para la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), donde se certifica, por ejemplo, que la financiación per cápita de los valencianos se situó en 2008, último año del modelo Aznar-Zaplana, en el 85,7, siendo 100 la media del conjunto de las autonomías. Un índice que en 2009, en el primer año de aplicación de la reforma de Zapatero, se elevó a 91,0. Según los últimos datos, hoy estaría en torno al 93. Traducido a millones, la pérdida de recursos de los valencianos en 2009, al no gozar de la misma financiación por habitante que la media, alcanzó con el modelo de Zapatero los 1.018 millones de euros. En 2008, con el modelo Aznar-Zaplana, esa sangría había sido de 1.654 millones. Ahora estamos mal, pero que nadie dude de que podíamos estar muchísimo peor.

La Comunitat Valenciana fue la segunda más beneficiada con los cambios de 2009. No solo eso. El mismo informe del IVIE revela cómo la C. Valenciana fue la segunda que más dinero obtuvo de los recursos adicionales que puso el Gobierno de Zapatero encima de la mesa para aprobar el nuevo sistema. Recibió nada menos que un 31,7 % más que la media por habitante, superada solo por Baleares y por encima de Cataluña. El problema es que la brecha era tan grande que la «mejoría relativa» que constata el IVIE no fue suficiente para paliar la diferencia. Una diferencia determinada por el mantenimiento en la reforma de 2009 del llamado ´statu quo´, el principio consagrado en el sistema de 2002 de que ninguna comunidad perdería financiación con la aprobación de un nuevo reparto.

De hecho, el de 2009 no fue sino una modificación del sistema de 2002, introduciendo variaciones y algunos fondos para dar respuesta a las autonomías que denunciaban la diferencia de recursos por habitante. Fue fundamental ´descongelar´ la variable población que estaba fijada en la del año 1999, hecho que damnificaba gravemente a la Comunidad Valenciana porque ésta había visto crecer su población más que ninguna otra comunidad -por supuesto, más que la media-, en los años transcurridos.

De nuevo este conseller se aparta para dar voz a otros. «Es evidente que este modelo que surge es básicamente el mismo que el anterior, añadiéndole una serie de recursos que se reparten arbitrariamente», sostuvo el ponente del PP, Álvaro Nadal, actual director de la oficina económica de La Moncloa, en el debate en el Congreso de la ley que reguló el nuevo modelo, el 17 de diciembre de 2009.

La consagración del statu quo fijado en 2002 es el auténtico cáncer del problema valenciano con la financiación. Si ahora no logramos romper con ese condicionante de partida, estaremos abocados a que se mantenga la brecha. Ese fue el principal problema del modelo de 2009, junto, no lo olvidemos, la brutal caída de los ingresos, que nadie esperaba, como consecuencia de la crisis. Baste citar solo un ejemplo: Por el impuesto de trasmisiones patrimoniales y AJD se reconocieron derechos en 2006 por la friolera de 2.485 millones, 2.207 en 2008, cifras que se desplomaron hasta los 693,8 millones en 2012, 895,2 millones en el último año liquidado, 2014.

Las actas del debate parlamentario en 2009 son reveladoras. ¿Y cuál fue la postura del PP entonces? «No hubo enmiendas de los representantes valencianos» del PSOE, recalca el autor. Sin embargo, convendría saber que las únicas enmiendas de asignación de dinero que presentó el PP no iban destinadas a paliar la discriminación financiera de la Comunitat Valenciana, sino a mejorar la financiación de las autonomías ya sobrefinanciadas. En concreto, es la enmienda número 15, defendida por la senadora del PP por Soria María del Mar Angulo Martínez, ponente del proyecto de ley, en el pleno del Senado del 2 de diciembre de 2009. La propuesta reclamaba 400 millones más a repartir en función de criterios por los que la C. Valenciano no ganaba un euro. En concreto, los que ponderan factores como la dispersión de la población y la baja densidad.

Las actas del Congreso son reveladoras: «La falta de dotación suficiente de esos fondos [los que priman la dispersión y la densidad inferior a la media] daría lugar a situaciones injustas que es preciso reconocer y corregir. Por eso hemos presentado esas dos enmiendas [€], para atender a las comunidades autónomas beneficiarias que en principio podrían ser Castilla y León „tanto en un fondo como en otro„, Galicia, Asturias y Cantabria „en el fondo de dispersión„ o La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura „en el de baja densidad de población». La mayoría de las beneficiarias goza de niveles de financiación que llegan a los 33 puntos por encima de los valencianos, como es el caso de Cantabria. Esa fue la preocupación de los representantes del PP.

Pese al avance, no fue suficiente. Por si fuera poco, desde entonces hemos asistido a posicionamientos del Gobierno de Rajoy muy preocupantes. Desde el primer momento, los socialistas manifestaron que, pese al avance, no estaban satisfechos. En cambio, hemos tenido que oír (26 de junio de 2012) cómo una diputada canaria del PP espetaba al entonces diputado nacional, Ximo Puig, que desde 2012 los valencianos ya no estaban discriminados y contaban con una financiación como la media. Es más, el 11 de junio de 2013 se hizo pública una respuesta por escrito del Ministerio de Hacienda que sostenía que la C. Valenciana ya igualaba la financiación a la media ¡desde 2010!

Cabe recordar que, para 2016, los cálculos de la conselleria cifran en 1.300 millones la necesidad suplementaria de financiación si queremos mantener el mismo nivel de gasto por persona que en el presupuesto del 2015. En todo caso, con prácticamente el mismo dinero, el Consell ha sabido alterar profundamente las prioridades presupuestarias en favor del gasto social y de las políticas del cambio del modelo productivo.

A favor del consenso por el cambio de sistema de financiación autonómica. En los últimos años, no obstante, se ha hecho un camino que era impensable hasta hace bien poco. Todos los partidos fuimos capaces de consensuar una comisión de expertos, integrada „no oculto el orgullo„ por algunos de los mayores especialistas de España, todos ellos valencianos. La comisión emitió un valiosísimo informe. Hasta el experto en financiación elegido por el ministro Cristóbal Montoro, el economista Ángel de la Fuente, ha llegado a afirmar que «Valencia tiene motivos para poner el grito en el cielo» por la financiación. ¿Habría sido eso posible sin la labor intensa de pedagogía de los responsables políticos en Madrid a lo largo de estos años?

Recientemente, además, el 8 de octubre de 2015, se logró un pacto unánime de todos los partidos en las Corts Valencianes para pelear en Madrid por la financiación. Y el presidente Ximo Puig ha lanzado una propuesta de modelo para toda España, uno de cuyos pilares es la consagración -previa determinación de necesidades en función de la población- de la cobertura de los servicios básicos esenciales (sanidad, educación, atención social). Pues bien, aprovechemos esta oportunidad para cambiar el paso de nuestra historia.

Sostiene el catedrático Piqueras que la Generalitat ha de abandonar el «discurso prestado» y empezar a hacer política «sin coartadas». Contrariamente, opino que éste ha de ser nuestro discurso, porque nos jugamos nuestra razón de ser: la viabilidad de la propia Generalitat y, lo que es más importante, las oportunidades de futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Con menos dinero, tendrán menos posibilidades. Esa es la partida que tenemos que jugar todos, al margen de nuestra etiqueta política. A ellos no podemos fallarles.