20 de enero de 2016
20.01.2016

La diferencia entre producción y consumo

20.01.2016 | 04:15

Escribe en sus memorias el historiador Eric Hobsbawm que al ingresar como joven tutor de historia económica en el King´s College de la Universidad de Cambridge, a la vista del nivel de los alumnos, los encargados de los exámenes acordaron otorgar un aprobado a los estudiantes de Economía que supieran la diferencia entre producción y consumo. Solo más tarde descubriría que las cosas no eran tan sencillas y que no son cuestiones que puedan comprenderse por separado.

Nuestro conseller de Hacienda y Modelo Económico parece incurrir en una dificultad semejante, e incluso en el hándicap más elemental apuntado en primer lugar al desacoplar financiación recibida del Estado, ´consumo´ de esas transferencias a través de las políticas públicas de la Generalitat y creación de riqueza en la Comunidad Valenciana. Y lo que resulta más inquietante, por partida doble: con su línea argumental oculta la responsabilidad política de los gobiernos valencianos del Partido Popular durante veinte años al situar el origen de los problemas en el modelo de financiación que entró en vigor en 2002 con el gobierno de José María Aznar; en segundo lugar, confundir el coste de los servicios por persona y la asignación de recursos por individuo, sin tomar en consideración la edad, las necesidades, la dispersión o concentración demográfica, la dotación previa de infraestructuras, etc., sencillamente es muy poco redistributivo, por el contrario, fijar el criterio en el individuo sin correcciones tiene mucho de neoliberal.

Uno advierte en el argumento un déficit de política, la ausencia de un modelo basado en la equidad que se corresponda con sucesivas solidaridades entre grupos de renta, entre territorios y en el interior de la autonomía.

Insiste con denuedo el conseller en la discriminación de los valencianos al recibir la peor financiación por habitante de España, algo que el memorable José Luis Rodríguez Zapatero quiso rectificar en la ley de financiación aprobada en 2009, aunque siendo la brecha tan enorme con las restantes comunidades, nos dice Soler, se notó poco y hemos de consolarnos con el cálculo de lo que hubiéramos dejado de ingresar con el modelo anterior. ¡Ay, la fidelidad al partido y a sus santones!. Exige un ejercicio permanente de amnesia.

A fin de justificar la rectificación insuficiente, sostiene el conseller Soler que el gobierno de Rodríguez Zapatero no avanzó más en corregir la desigualdad que amenazaría el futuro desarrollo de los valencianos, la viabilidad de la Generalitat y las oportunidades de nuestros hijos y nietas, porque se acordó conservar el ´statu quo´ establecido en 2002 de que ninguna comunidad perdiera financiación con el nuevo criterio de reparto. ¿Se acordó? ¿Quién acordó conservar ese principio tan inequitativo, que como los mártires en el circo romano nos ha dejado indefensos ante las fieras de los números durante tantos años?

En su ardid argumental, Soler anuncia la respuesta: los representantes de las demás comunidades se resisten a perder financiación total o proporcional; el criterio que en la Comunitat ha sido elevado a único y decisivo para que nos financien como nos corresponde, el número absoluto de habitantes, carece de suscriptores en el resto de España. De manera que si no existe un plan B, nos tememos que la futura reforma de la ley no atienda la reclamación que comenzó haciendo suya la Asociación Valenciana de Empresarios, elevó a categoría política el gobierno de Alberto Fabra cuando se hallaba golpeado por las causas de corrupción y por un déficit desbocado, y que de forma poco plausible ha hecho suyo el presidente Ximo Puig y, al parecer, su mentor en ese punto, Vicent Soler. Todo esto solo puede generar sentimiento de discriminación hoy, frustración mañana y desafección en el futuro hacia un país común. Aunque de momento sirva para justificar la inacción o el lento ritmo de las reformas que se llevan a cabo en la Comunitat, donde por ahora no luce más ´modelo económico´ que el del rotulo flamante de la conselleria. Todo esto aleja los focos de las responsabilidades políticas pasadas, al mismo tiempo que alimenta la exigencia futura a los actuales responsables del gobierno de coalición PSPV-Compromís. Respetuosamente, podríamos invertir la frase de la campaña de Bill Clinton en las elecciones de 1992, y decir bien alto: ¡es la política, estúpido!

En mis tiempos de estudiante me enseñaron que el primer paso en un comentario de texto consiste en realizar una lectura comprensiva. He de agradecer al conseller Soler que haya descendido a discutir mis opiniones sobre la causa del déficit, la deuda y la financiación de los valencianos. Uno confía que dedique más atención a los papeles sobre lo que administra del que ha prestado a comprender mi artículo La hora de la política, que publicó Levante-EMV (31.12.2015), y que fue precedido de otros dos artículos (28.11.2015 y 14.12.2015) en los que examinaba la ley de 2009 y señalaba a las políticas de gasto llevadas a cabo por el PP y a la corrupción como origen de nuestros problemas. En los tres artículos me desmarcaba de la tesis que atribuye a la ley Zapatero la actual infradotación financiera, por más que a nadie se le escape que la ley de 2009, en la forma en la que ha evolucionado la economía y el ingreso, es desfavorable a la Comunitat. Solo a este conceller, de otra parte, puede ocurrírsele que al mencionar sus nombres, me ensaño con los diputados socialistas valencianos que votaron la citada ley, como si el ejercicio de la representación de la soberanía fuera un acto vergonzante y debiera ser ocultado. Comprendo que sentarse cada semana en las reuniones del Consell para hablar de una financiación diabólica, y eludir que la actual consellera de Sanidad Universal votó en el parlamento esa ley, ha de resultar incómodo a uno, a la otra, tal vez a los dos.

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