Sin internet ni bases de datos interconectadas, ¿cómo vigilar, controlar y castigar la picaresca en delitos fiscales? El Estado
„así, con imponente mayúscula„
urdió aquello de «Hacienda somos todos», aunque, transcurrido el tiempo, descubrimos la fragilidad de ese pronombre indefinido. Un «todos» acusador e impreciso, ambiguo, que incluye (o subyuga) al común de los mortales, si bien ahora despierta recelos a cuenta „o cuento„ de la infanta Cristina. La Abogacía del Estado alega que este mensaje expresaba un lenguaje publicitario, nunca aplicable al derecho o a la moralidad.
Esto ocurre en el 2016. Antes, en 1989, los tributos nunca distinguieron -decían- entre clases sociales. De ahí se sigue la persecución a Lola Flores, chivo expiatorio de una campaña mediática „Hacienda blablablá„ que amedrentó a todo hijo de vecino, pues, recuérdese que La Faraona dejó de presentar la Renta entre 1982 y 1985. El fiscal solicitó dos años y medio de prisión, más una multa de 96 millones de pesetas e indemnización al Estado de otros 52.
Entonces «exonerar» -eso que solicitan para la Infanta- resonaba a desollar, de modo que, en una muestra de cobardía y bajeza moral, estigmatizaron a Lola en el banquillo y no fueron pocos quienes renegaron de su amistad por si acaso la epidemia tributaria llamase de rondón a sus puertas.
El caso Flores resulta anecdótico visto en perspectiva. Jamás hubo documentos secretos, ni caja B, ni malversación de caudales públicos, ni firmas, ni chanchullos ¿Qué sabía esa Lola ingenua de todo eso? Pero había que arredrar al gentío. Si acusaron e intimidaron a Lola, icono de España, mujer de bandera y libre de prejuicios, amiga y familia de todos sin distingos sociales, mediática y planetariamente admirada, ¿no vendrían igual a por nosotros? Así nacía la Hacienda-lobo. Y «todos» devenimos Caperucita. El cuento tributario precisa ahora de otra lectura. Así que donde dije digo
