31 de enero de 2016
31.01.2016

Comisiones con el dinero de todos

31.01.2016 | 04:15

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detenía el pasado martes a 24 personas entre las que se encontraban destacados dirigentes políticos como el ex presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, seis empresarios de la construcción y varios funcionarios de la administración, en una operación abierta hace más de un año para investigar un entramado político-empresarial que amañaba contratos públicos a cambio de que las mercantiles beneficiadas les entregaran una comisión. A veces para ellos, a veces para financiar a su formación, el Partido Popular. De confirmarse, los implicados en la trama se habrían lucrado con el dinero de todos y la formación política que ha gobernado durante 20 años la Comunitat Valenciana y durante 24 años la ciudad de Valencia habría estado concurriendo a las elecciones con trampas, en ventaja sobre sus competidores en las urnas.

No es la única investigación abierta por Anticorrupción por financiación ilegal contra el Partido Popular en la Comunitat Valenciana. Levante-EMV denunció en 2005 que Orange Market, la empresa de referencia de los cabecillas de la red Gürtel de Álvaro Pérez y Francisco Correa, realizaba gratis los actos de campaña del PP a cambio de llevarse importantes contratos públicos como el del stand de Feria Valencia en Fitur. Nadie hizo nada y a los que lo denunciamos nos tacharon durante años de antivalencianos, hasta que el caso acabó en los tribunales en plena crisis económica.

Cuando el tripartido catalán llegó al poder, Pascual Maragall insinuó en un pleno del Parlament de Catalunya que CiU habría estado financiándose durante décadas con la adjudicación de contratos públicos a cambio de una comisión del 3 % a los contratistas. Maragall fue acusado de anticatalán. El PSC, ERC y sus socios de Izquierda Unida, decidieron callar y pasar página como si nada hubiera pasado, y sólo tras las revelaciones sobre la familia Pujol se ha levantado el velo que cubría aquellos usos fraudulentos.

En la Comunitat Valenciana no puede pasar lo mismo. Denunciar no es antivalenciano. Cabe exigir a los actuales inquilinos del Palau que levanten las alfombras, abran las ventanas y limpien la casa de todos. Ximo Puig y Mónica Oltra tienen ante sí el reto de desmantelar una red de empresas públicas creadas en principio para agilizar la gestión y transformadas pronto en un medio para burlar las medidas de control de la Administración. Imelsa y Ciegsa, en el epicentro de la «Operación Taula» destapada esta semana, son sólo dos de tantas entidades surgidas para contratar personal burlando los concursos públicos o adjudicar contratos millonarios sin depender de los «molestos» funcionarios que, independientes de poder político, no tolerarían presiones para amañar concursos.

Pero también cabe exigir que esa limpieza se acometa desde la lealtad institucional con los cinco millones de valencianos que pagaron con sus impuestos las «mordidas». Desde la lealtad y no desde el odio político. Para regenerar y no para destruir al adversario. Por el bien común y no contra el Partido Popular, una organización votada por miles de ciudadanos e integrada por cientos de cargos públicos honrados, alcaldes y concejales, que creen en el servicio público y que a buen seguro se avergüenzan estos días cuando escuchan que ciertos compañeros de partido recogían mensualmente sin ningún pudor sobres con 1.000 euros procedentes de empresas contratistas y corrían a gastarlos al centro comercial más cercano.

El nuevo Partido Popular de Isabel Bonig tiene ante sí el reto de refundar una organización que, tras más de 20 años en el poder, toleró, como toleraron los dirigentes de CiU, prácticas corruptas al más alto nivel en su cúpula directiva, permitiendo que acusados de corrupción como Rafael Blasco se convirtieran en referentes internos, acapararan poder institucional y generalizaran un modelo corrupto de contrataciones públicas, subvenciones ilegales al partido y enriquecimiento privado, justificando las actuaciones de quienes estaban ya en el punto de mira de la justicia, como investigados o incluso ya como imputados.

Comportamientos como los descritos estos días en los autos judiciales y medios de comunicación causan daños muy importantes en todos los órdenes. El crédito social de la gestión pública se ve muy mermado; la Administración se empobrece con la fuga de caudales por las tuberías de la corrupción y las relaciones económicas se enturbian. Las prácticas que ha destapado la investigación en curso no habrían sido posibles sin la ayuda de empresarios corruptos que aceptaron, ofrecieron y facilitaron el pago de comisiones a cambio de garantizarse una parte del pastel. Muchos otros titulares de honrados negocios quedaron al margen porque confiaron en el correcto funcionamiento de una administración tramposa o se negaron a pagar para construir colegios o carreteras. Nadie les resarcirá ahora esos daños. Sólo la necesaria regeneración del tejido democrático, con la amputación sin contemplaciones de las piezas necrosadas podrá restablecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Y esa es tarea de todos.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook
Enlaces recomendados: Premios Cine