Escribo esta crónica mientras la Valencia política entra en combustión y no precisamente por las Fallas. El partido que gobernó la ciudad durante 24 años (de 1991 a 2015) acaba de ser disuelto por blanquear 1.000 euros per capita, supuestamente. Patético. Quien tuvo la brillante idea de convertir a cargos públicos electos en pequeñas lavanderías de la caja B del partido debería cortarse las venas. Los que le siguieron la ocurrencia han mostrado una molicie insólita, inaudita para gestores de la voluntad popular.
En la otra orilla política ponen bastante sordina sobre el asunto no sea que alguna esquirla suelta les abra una herida. Hemos descubierto, tarde y mal, que la política de este país camina sobre arenas movedizas. Los pioneros en las denuncias clamaron en el desierto durante años, pero ahora se ha puesto de moda humillar a la clase política con espectáculos policiales y mediáticos que rozan la vulneración de los derechos fundamentales. Se lo tienen merecido, dicen los más, y en parte tienen razón, pero hasta en eso el país necesita madurar y morigerarse.
¡Menuda paella!, deben estar pensando desde la sede central del PP en Génova. Más de la mitad de sus populares encausados por corrupción proceden de las filas valencianas. Y la última ocurre en el momento más sensible para su líder, Mariano Rajoy, en pleno romance para formalizar un gobierno que ahora, sí, parece inviable. La tormenta, además, amenaza el futuro inmediato ante una posible repetición de las elecciones. Si la derecha valenciana se colapsa, la hipótesis de una mejora en los resultados del PP queda en entredicho.
El escenario para el PSOE, sin embargo, no es un paseo en lancha. No sé lo que ha salido del comité federal pero lo barrunto. Los barones del partido, aquellos que se aglutinan en torno a la lideresa andaluza Susana Díaz y que subrayan la voz del consejo de veteranos no habrán tenido más remedio que dejar intentar una gobernación a Pedro Sánchez, pero con tantos condicionantes que la tarea será hercúlea si no imposible.
A estas alturas resulta obvio, además, que la invitación de Podemos era un regalo envenenado, sujeto a un discurso perfectamente articulado para atraer al votante socialista hacia las papeletas de la nueva izquierda alternativa, cuyo think tank, lo hemos venido diciendo con reiteración, tiene muchos más recursos retóricos, sentido de la escenografía e infiltración en las redes sociales. Están dispuestos a liquidar la gerontocracia socialista. Si se descuidan no les quedará ni el balneario andaluz.
No es extraño que todos arremetan contra Podemos pues la formación violeta tiene vocación de subvertir el viejo orden, al menos de palabra, aunque para ello eluda sus aireadas conexiones con Venezuela e Irán o se tenga que dejar en el camino a su número dos, Juan Carlos Monedero. La hipótesis de un gobierno de coalición con Podemos debe haber sido tratada hasta en la sede de la OTAN.
Con todo, y aunque los medios entretengan a la ciudadanía con el bochorno de la corrupción de baja estofa o con los líos internos de los socialistas, incluso con los diversos noviazgos de Pablo Iglesias€ el principal trasfondo político de estas últimas semanas no es otro que la incapacidad de los distintos partidos, o sus líderes, para entenderse. Esa pervivencia de la España maniquea que tanto desanimó a los intelectuales del 98 y tanto guerracivilismo ha sembrado.
Alguien ha dicho que la oportunidad era histórica. La fragmentación parlamentaria, con el nacionalismo catalán definitivamente autoexcluido de jugar a nada con España, obligaba a la coalición. Los más ingenuos han soñado con una entente que diera luz, de una vez, a una ley de educación consensuada para los próximos 30 años, a una sanidad universal y sin fronteras autonómicas, a una financiación justa, a la elaboración de unos principios sociales bajo blindaje, al desarrollo de una verdadera política industrial y energética que resolviera, entre otros, centenarios contenciosos como los del reparto del agua€ Sueños baldíos. El país va directo a la repetición de las elecciones, aunque la posibilidad de un nuevo bloqueo institucional es altísima.
En medio de este sombrío panorama una pequeña luz, apenas ponderada, me hace concebir esperanzas. Dos políticos que no están de moda ni gustan del ruido han llegado a un acuerdo ejemplar. Se trata de Carolina Punset (Ciudadanos) y Antonio Montiel (Podemos), ambos versos sueltos de sus propias formaciones y ambos compartiendo la misma sensibilidad por las cuestiones urbanísticas y territoriales. Han unido ideas y argumentos para tramitar una iniciativa legislativa popular para cambiar el marco jurídico del urbanismo valenciano, ese del que ya nadie habla pero que está en el origen de casi todos nuestros desmanes.
Punset es una política que dice cosas sensatas pero no cuenta con fina oratoria, como si hablar bien fuera garantía de buena política. Y Montiel es un experimentado gestor de programas urbanísticos que sabe de lo que habla. Ambos, provenientes de partidos que a nivel nacional casi ni se saludan, han sintonizado en la que, sin duda, es la gran tarea de las próximas décadas en nuestra Comunidad: rescatar al sector de la construcción hacia la rehabilitación, reurbanizar los grandes barrios degradados de nuestras ciudades, suturar nuestros paisajes, liberar nuestras costas€ volver a ser un lugar no solo decente sino hermoso, que eso también lo hemos perdido por el camino.
