Apocalipsis zombi en la Generalitat valenciana. El ataque, según desveló ayer Sergi Pitarch en este periódico, se ha extendido a otra empresa públlica: Ciegsa. Y ya van tres si sumamos a Imelsa y Vaersa. Ya se sabe que dentro de los elementos comunes que «contribuyen a que se produzca un apocalipsis zombi» „según la Wikipedia„ está que «las autoridades sean lentas respondiendo a la amenaza, dándole tiempo a los zombis a crecer en número hasta superar cualquier posibilidad de contenerlos» (sic).
Perdonen el chiste, pero es para relajar el coraje y el asco que me produce que se hayan estado pagando sueldos públicos a militantes y ex altos cargos del Partido Popular que, además, no tenían ni que acudir a trabajar. Decenas de personas amparadas por la impunidad que se valían de nuestros impuestos, para vivir de gorra mientras que cerca de 290.000 valencianos en paro tenían que subsistir sin percibir un solo euro de la administración pública „recuerdo que hubo que recortar las prestaciones porque los presupuestos ya no daban para más.
Una comparación que se queda en mera anécdota si echamos mano de la calculadora y pensamos que los más de 309 millones de euros en sobrecostes que generó Ciegsa durante la etapa en la que estuvo al frente el crack de las finanzas de Alfonso Rus, Máximo Caturla, hubieran permitido pagar, por poner un ejemplo, más de 720.000 rentas mínimas de inserción a esos parados que ya no reciben ningún apoyo económico.
Y no hablemos de lo que se hubiera podido hacer, en todos los sentidos, con los más de mil millones de sobrecostes acumulados a lo largo de su existencia y los más de 1.900 millones de euros de deuda que ahora tendremos que estar pagando durante décadas con sus correspondientes intereses.
En fin, gracias a esa gran fábrica de colegios y otras cosas, que lustros después no ha conseguido acabar con los barracones „otro negocio bajo sospecha más, por supuesto„ estamos peor que nunca y nos vemos obligados a afrontar otra fuerte inversión de 482,7 millones de euros „también con sus correspondientes intereses„ para levantar los 132 colegios que no se hicieron en su día.
Claro, que sus administradores de entonces, como se ve ahora, estaban en otros asuntos. Probablemente emulando lo de las comisiones del 10 % de Acuamed. El juez lo dirá. Como también tendrá que decir lo de Rita Barberá. Que ya le avisan dos lideresas, Esperanza Aguirre „la que faltaba„ y Cristina Cifuentes.
La justicia aprieta pero no ahoga. Aunque «los malos ejemplos son más dañinos que los crímenes», decía el barón de Montesquieu.
