ay debates recurrentes que afloran de forma periódica, pero que no sirven para influir en un cambio del concepto que se cuestiona se diga lo que se diga o pase lo que pase. Y uno de estos debates es el del aforamiento de los representantes públicos „cerca de 2.300 parlamentarios, consellers, ministros, altos cargos?„ . Hay muy pocos políticos capaces de alzar la voz para defenderlo, e incluso son muchos los que lo han criticado. En la Comunitat Valenciana, incluso, una institución como las Corts ha aprobado una proposición no de ley para solicitar el fin del aforamiento de los políticos, por implicar «un estatuto jurídico privilegiado», como defendió en la presentación de la ponencia Carolina Punset. Y ahí está. Un pronunciamiento más.
Al final todo se queda en una declaración, como la de ayer de la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, en el Foro Europa Tribuna Mediterránea, que se mostró favorable a una revisión para los políticos „«hay un número excesivo», dijo„, pero dejó al margen al gremio de jueces y fiscales „«estarían expuestos a cualquier querella»„.
Sin embargo, el aforamiento sigue ahí, negro sobre blanco en el ordenamiento jurídico. Y algo tendrá que ver, digo yo, que quienes deben derogarlo son los que se benefician de estas prerrogativas que no existen en los países de nuestro entorno.
Las consecuencias de esta protección son perversas no solo porque confiere una situación de privilegio respecto a otros ciudadanos „la justicia, por principio, ha de ser igual para todos„ sino porque los argumentos que se utilizan pueden llegar a ser contradictorios. Si se justifica en que los tribunales ordinarios pueden ser sometidos a presiones por parte de los cargos públicos, qué nos hace pensar que los Tribunales Superiores de Justicia o el Tribunal Supremo „órganos en los que existe una elección mediatizada por los partidos políticos a través del Consejo del Poder Judicial„ vayan a tener un menor riesgo de sufrir esas mismas presiones.
Por otro lado, el aforamiento sitúa a los políticos o altos cargos investigados en una posición de ventaja, ya que los jueces ordinarios que llevan las causas suelen optar por dejarlos al margen hasta finalizar las indagaciones, y evitar de esta forma una parada en seco en medio de las diligencias que implicaría remitirlas de inmediato a una instancia superior. Un retraso que, en el caso de resultar finalmente investigados, les ha conferido previamente un importante margen de maniobra, al haber conocido los movimientos del instructor. Y si no que se lo pregunten a Rita Barberá o a Gerardo Camps.
