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"Sort i seny"

Mañana martes, el president Ximo Puig ha convocado a diputados y senadores de la Comunitat Valenciana para reclamar su apoyo en favor de un nuevo modelo de financiación autonómica al que hemos dedicado esta serie. Es razonable que, durante unos días, los escribidores nos retiremos del debate y dejemos que sosegadamente nuestros representantes elegidos hagan lo que tienen que hacer ya que estamos en puertas de la formación de un gobierno del estado o de nuevas elecciones.

Aunque la vicepresidenta, Mónica Oltra, no se haya descabalgado del concepto de «deuda histórica» y trate las negociaciones para formar nuevo gobierno, como si todavía Cristóbal Montoro fuera el único responsable de lo que aquí está pasando, conviene que el president deje a un lado el frentismo valenciano que desde Compromís y buena parte de su propio Consell se ha ido alimentando. Lo que va a plantearse no es un ejercicio contable, más o menos interesado y debidamente cobrado de las arcas públicas propios del entorno de la Facultad de Economía, sino algo mucho más serio en aras de conseguir una alternativa viable para el mantenimiento del estado de las autonomías.

En el nuevo gobierno pueden estar miembros del PSPV y de Compromis. No parece ni razonable, ni práctico esgrimir una línea roja (otra más) relacionada con una supuesta deuda histórica cuando cada autonomía está esgrimiendo su propia lista de agravios comparativos. No hay en la actualidad ningún mecanismo aceptado para medir las injusticias del modelo vigente que todos firmaron. El tiempo de gobernar contra el malvado Madrid ha pasado y es el momento de saber si hay condiciones para un reparto realista con el que conseguir que la España de las autonomías exista mas allá de cualquier arrebato y oportunismo electoral.

Es descorazonador que todavía, y con razón, el president tenga que argumentar que su convocatoria de mañana obedece a tener que «explicar [a los parlamentarios] la posición del Gobierno valenciano respecto a las necesidades de una nueva financiación», sin la cual, «la viabilidad de la Generalitat es imposible». Son tantas las exageraciones verbales de los políticos, que cuando uno expresa un hecho desagradable cierto, el mensaje se pierde en la baraúnda mediática. En el día de autos, mereció mucha más cobertura periodística una especie de broma poco afortunada del cuñado de Rita Barberá, que la profundidad del diagnóstico del president. Cuánta perversión encierra el oficio de tertuliano radiofónico cada vez más empeñado en considerar carentes de criterio al resto de ciudadanos.

No se equivoca el president cuando dice: «No podemos permitirnos que la agenda general deje fuera una cuestión esencial para la Comunitat, como es la financiación. Gobierne quien gobierne, nuestra posición será invariable; ojalá tengamos un Gobierno sensible, pero sea del signo que sea le llevaremos nuestra reivindicación». Ahora, las reivindicaciones son debates que afectan a todo el Estado. No es contra alguien más o menos hostil, ahora también hay que ponerse físicamente al otro lado de la mesa. Tras todo lo dicho desde estas páginas durante meses, solo cabe un acto de solidaridad y de confianza democrática con el president para que intente hacer frente a una situación mucho mas crítica de lo que la mayoría de valencianos quiere admitir. Demasiadas explicaciones superficiales se han sumado en la forma de encarar este problema por parte del actual Consell. Hay que esperar que se hayan interiorizado y, en consecuencia, cambie de estrategia a partir de la reunión de mañana.

Han pasado a la historia aquella falta de rigor consistente en proclamar que el 90 % de la deuda de la Generalitat Valenciana estaba causada por el modelo de financiación y que la mala gestión de los distintos equipos solo era responsable del 10 % restante. Al parecer, todo valía para revindicar ante Madrid.

Se han hecho unos presupuestos para 2016 más propios de un Consell de indignados que de políticos y funcionarios solventes. La Sindicatura dijo que se proveyera la multa de la UE y no se hizo, se sabía que el FLA en 2016 iba ya a generar intereses de un 0,8 % y no se incluyeron, se sabía que no había nuevo modelo y con cargo a él se sumaron 1.300 millones. A continuación, para ocultar estas carencias, demasiados ataques verbales contra un gobierno en funciones.

No se puede avanzar mucho sin saber si Cataluña va a estar sentada en la mesa que va a acordar el nuevo modelo. El president se ha ofrecido como intermediario y debe hacer un esfuerzo en este sentido. La coyuntura no es fácil. Muchos no queremos bajo ningún concepto que los catalanes se marchen, pero al mismo tiempo sentimos el chantaje de su incoherencia. ¿Hasta cuándo podremos aguantar la contradicción de elaborar un nuevo pacto financiero cuando dicen que el tema ya no les interesa, mientras indirectamente exigen su parte correspondiente?

Todos los que se reúnan mañana deben saber que con independencia del modelo de financiación que se pueda acordar entre todos, éste no va a liquidar por si mismo las deudas acumuladas por algunas comunidades autónomas, entre ellas la nuestra. Son de tal magnitud que no hay ninguna posibilidad de que se puedan satisfacer. Siguiendo los pasos de Compromís en Valencia, la CUP en Barcelona ha encontrado la solución mágica: «No devolver la deuda ilegítima». Con tales estructuras mentales, la tarea de Ximo Puig se hace mucho más complicada. Él sabe que ante la imposibilidad de asumir la deuda no cabe otra solución que pedirle al Estado (al nuevo Gobierno del cual su partido participará) que se haga cargo de ella. Para que esto sea posible, el Banco Central Europeo y demás miembros de la impopular pero ineludible troika, deberán mostrar su acuerdo y ello conllevará aceptar compromisos probablemente muy duros.

Aunque más verdes han madurado en el jardín de la ultraizquierda, como es el caso griego, uno tiene ciertas dificultades para imaginarse al candidato Iglesias regresando de Bruselas y explicando lo que aquellas condiciones podrían suponer para valencianos y españoles. Bromas aparte, retengan que la continuidad de nuestras autonomías requiere un consentimiento y apoyo explícito por la tecnocrática Bruselas.

El president Puig debe tener capacidad para poner en su sitio a la España favorecida por el actual modelo de la que los valencianos no formamos parte. La financiación autonómica tiene que dejar de ser el mecanismo mágico para resolver las desigualdades territoriales del Reino de España. Los hechos son tozudos. Junto con la atípica Comunidad de Madrid, es la España del Mediterráneo, la que habla catalán en cualquiera de sus formas, la que más ha aportado para la saludable financiación de otras.

President, ahora le toca a usted desde el cerebro y el corazón: «Sort i seny».

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