16 de febrero de 2016
16.02.2016

La bruja y don Cristóbal

16.02.2016 | 04:15

El peor trato que se ha dado a los jueces en estos días no es que se los aporree en un guiñol. Fue algo que dijo Rajoy ante el estupor general: que el PP había dejado trabajar en libertad a los jueces y a los fiscales en el asunto de la corrupción. Nadie armó un revuelo ni se produjo alarma social. Pero el comentario testimonia una comprensión de la política que es sencillamente intolerable. Sugiere que los jueces son marionetas del poder ejecutivo que, por lo general, excepto cuando el jefe del Gobierno de turno los autoriza a perseguir el crimen, prevarican y actúan al margen de su función. Pero como nadie lo denunció al Juzgado de guardia, la secretaria general Cospedal lo volvió a repetir el domingo pasado. Incluso se atrevió a ser más explícita. Dijo sencillamente que el PP había luchado contra la corrupción al dejar trabajar a los jueces y a los fiscales. Esto es todavía más escandaloso. Rajoy se limitó a sugerir que el jefe del Gobierno tiene el poder suficiente como para bloquear el trabajo de los jueces y fiscales. Afirmó que de hecho tenía en sus manos impedir la investigación sobre los casos de corrupción y que si estos han llegado donde han llegado, ha sido por su permiso. Pero Cospedal ha dicho algo más: que la forma de luchar del PP contra la corrupción es conceder ese permiso.

Lo que de aquí se deriva es más grave que lo que se hacía en la obra de los titiriteros que apresaron y luego soltaron, «La bruja y don Cristóbal». Ante todo, está el contexto. La obra se representó en medio del tiempo del carnaval, momento en el que se confiesa la corrupción del mundo originario de Saturno (por eso las fiestas se llamaban entre los romanos saturnalia), recordando por un instante aquellos tiempos dorados en los que todos éramos iguales y libres. Ese recuerdo es el que se muestra por unos días rompiendo los papeles que cada uno representa en la vida cotidiana. Durante siglos, esos días vieron las salvajadas más extrañas de la humanidad sin que nadie fuera perseguido, porque todos suponían que estaban en un estado de excepción sin autoridad. Pero ni Rajoy ni Cospedal estaban en el Carnaval cuando pronunciaron esas frases, aunque desde luego parecen tener en su mano la posibilidad de decretar un estado de excepción cuando confesaron disponer del poder de neutralizar a los jueces en su capacidad de aplicar la ley.

Sabemos que hay una vieja definición de soberano. Lo es „dice la sentencia„ quien decreta el estado de excepción. Cospedal y Rajoy parecen serlo al confesar que pueden decidir aplicar o no las leyes, dejar trabajar o no a los jueces. Este es su sentido de la política. La pregunta pertinente que nos hacemos es por qué se han mostrado tan generosos en esta ocasión, por qué han dejado a los jueces hacer su trabajo. Puesto que reconocen que es su potestad soberana, tendrían que decirnos a los españoles cuándo la han aplicado en el sentido contrario, cuándo han obstaculizado el trabajo de la justicia, y si una de estas ocasiones fue por ejemplo romper los ordenadores de las plantas altas del local oficial del PP en la calle Génova. Por supuesto, de tomarnos en serio sus palabras, se estaría siguiendo la confesión de delitos sin número tanto por parte de estos dos próceres, como por parte de muchos jueces. La moraleja de la historia es que no todo lo que se dice se puede tomar en serio. Sobre todo si es carnaval.

Por supuesto, la obrita «La bruja y don Cristóbal» no podía entenderse bien. La culpa es de los dos titiriteros, desde luego. Tenían que haber dado alguna pista hermenéutica. Por ejemplo, haber puesto un título diferente, algo así como «La bruja Cospedal y don Cristóbal Rajoy». En el elenco de papeles, tenían que haber identificado por ejemplo al ministro del Interior actual o a aquel otro, el angelical Acebes, anunciando al país que el atentado de Al Qaeda en Madrid era obra de ETA. Fue raro que nadie investigara aquel asunto, que como es sabido también facilitó la actuación de la justicia. Con un cartelito identificador oportuno, el monigote podría poner disimuladamente la enojosa pancarta en manos de la manifestante inconsciente. Entonces, todo se habría iluminado como la luz del sol y la sátira habría sido clara. Nadie habría podido protestar y si se exigían responsabilidades, se habría podido decir que el guion era original de aquel gabinete de crisis de Aznar.

Como es natural, la obra «La bruja y don Cristóbal», en su extrema exageración, me parece poco pedagógica y por ello inadecuada. Fomenta un espíritu paranoide, en la medida en que puede hacer creer a los niños o chavales que el mundo entero está corrupto. Eso genera confusión. Antes, las marionetas enseñaban con claridad quién era el bueno y el malo. Mostraban lo reversible del destino, pero producían la esperanza de que el bueno daba los garrotazos más fuertes, los finales. No promovía un espíritu masoquista, aunque sí un poco sádico. El mensaje moral era nítido y, para ello, la historia debía ser clara. Quizá la obra de la compañía Títeres desde abajo haya sido demasiado rupturista con este género venerable y por ello pudo sorprender o escandalizar a los padres allí presentes, pero no por eso debía ser llevada ante el juez. Pío Moa rompió el género historiográfico y nadie lo denunció por ello.

Creo que lo que ha pasado es sintomático. Como tal, no es propio de una sociedad sana. Hemos sufrido mucho la herida de ETA. Pero lo que verdaderamente nos produce dolor ahora es la forma en que supura la pus de la vieja herida, hasta el punto de que puede estar gangrenando parte del cuerpo social. Y lo hace porque la tarea moral de cerrar esa herida no ha sido emprendida de forma decidida ni adecuada desde los poderes públicos. Nos pasamos la vida alabando la gran obra de reconciliación del 78 y no hemos dado un paso en esta obra de reconciliación. Unos ciudadanos no deben odiar a muerte a otros conciudadanos. No deben desear la muerte de nadie. Ese es el principio de una sociedad sana. Sentirse odiado hasta ese punto, es una carga que resulta muy difícil de llevar. Nadie ha escuchado decir a ETA que el odio que decretó a miles de ciudadanos españoles, intenso hasta producir la muerte, era un sentimiento indigno del que es liberador desprenderse. Nadie ha escuchado a ETA reconocer el estatuto de víctimas que produjo en miles de personas.
Ante esta herida, la paranoia de «La bruja y don Cristóbal» no cura. Es frívola y descaminada y por eso ahonda en la herida. Es preciso decir con toda claridad que debemos acompañar a las víctimas en su voluntad de ser reconocidas como tales, y debemos apoyar su exigencia de que acabe el odio inmerecido que llevó a desear la muerte de los suyos. Tenemos evidencias de que ETA no mata, pero no las tenemos acerca de que no siga odiando hasta el extremo de desear matar. La herida se curará cuando hagamos todo lo posible por superar ese odio.
Y aquí debemos preguntarnos si la política del PP ha contribuido a superar ese odio más de lo que lo hace la obrita de títeres, al degradar este asunto serio a una temática de carnaval. Yo no lo tengo claro. Tan indebido como frivolizar un asunto serio es instrumentalizar un asunto moral. Acabar con el odio e impulsar una política de reconciliación implica avanzar hacia posiciones no partidistas. No tenemos evidencias de que el PP lo haya hecho. Por el contrario, tenemos muestras insuperables de instrumentalización del dolor, y el ministro del Interior ha sido un experto en eso. Pero, al margen de esto, lo que hace especialmente ineficaz la política del PP respecto de una política de promoción de nuestra salud pública como sociedad, es su empecinamiento en posiciones que están más allá de toda justificación en una sociedad democrática, sin dejarse influir por el sentimiento de escándalo que producen. Este comportamiento, que implica un profundo desprecio hacia la ciudadanía y que no se basa en un sentimiento sólido de la vida democrática e institucional, es el que produce ese hartazgo que hace desesperar a muchos ciudadanos acerca de qué medios civilizados podrían usar para hacerse escuchar.
De esta índole es dejar que las situaciones se pudran hasta el extremo que hemos conocido en Valencia y en Madrid. Durante años, la ciudadanía ha vivido instalada en el escándalo y nadie ha tenido en cuenta ese sentimiento como el propio de ciudadanos, paisanos, amigos, compatriotas, que debía ser atendido. Se ha actuado como si todo ese inmenso caudal de sentimientos heridos, con toda su dignidad, no valiera nada, fuera algo despreciable, y en el fondo no se hiciera valer más que cuando un juez mandaba a la Guardia Civil a casa de un compañero de partido. Ese uso de la posición política de privilegio, como ha recordado el papa Francisco, es el síntoma de una mentalidad corrupta que va más allá de las acciones criminales. Impone una mirada que separa al político de la comunidad de sentimientos de los ciudadanos, la base de la salud de una sociedad, la prueba de la común pertenencia a un cuerpo social unitario. Por eso, aunque llega muy tarde, hay que valorar las dimensiones pedagógicas del gesto de Esperanza Aguirre. Saber distinguir entre responsabilidad política y judicial es la base de la vida democrática. El PP (y no solo él) ha tardado 38 años y miles de escándalos en aprenderlo. Pero ya es irreversible. Hay muchas razones de peso para que Rajoy la imite.

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