Cuando se habla de la corrupción, todos tenemos una interesada tendencia a poner la mirada solo sobre los políticos. Y no es para menos. Los últimos casos parecen dar la razón a esta forma sesgada de ver la realidad.
Sin embargo, para llegar hasta el estadio en el que nos encontramos actualmente, ha sido necesario que se produzcan un conjunto de factores, especialmente culturales, que han servido de fertilizante a la maleza.
Vivimos en un país en el que, según diferentes estudios „lógicamente todos los cálculos se basan en estimaciones„, existe una economía sumergida que representa casi el 20 % del PIB „más de 200.000 millones de euros„.
Para entender la magnitud de esta cifra, debemos pensar que los ingresos del Estado en 2014 no llegaron a los 400.000 millones de euros. O que la mayor recaudación por el IVA, también en 2014, ascendió a 56.166 millones. O que la del IRPF el mismo año fue de 72.655 millones. Es decir, escapa al control de la Administración pública una cantidad que supone la mitad de sus ingresos anuales.
Para llegar a estas magnitudes de fraude ha sido necesario, obviamente, la contribución de un porcentaje importante de los ciudadanos. Unos, evitando pagar el IVA en pequeñas transacciones „compras o servicios sin factura„, que todas sumadas, una a una, suponen una cantidad notable. El problema de estas pequeñas infracciones fiscales es que tienen una raíz cultural difícil de erradicar, que lleva a considerarlas no como un acto profundamente insolidario, si no como parte de la tradición picaresca.
Otros, en el propio tejido empresarial. Los ejemplos no faltan. Desde los dirigentes de Vitaldent „por buscar inmediatez„ a la macrooperación contra el fraude fiscal en la industria cárnica de ayer. Sin dejar de lado, por supuesto, a las multinacionales y la ingeniería impositiva desarrollada por sus servicios jurídicos para ahorrarse centenares de millones en impuestos.
Y por supuesto, esa «cultura» ha alcanzado de lleno a numerosos dirigentes políticos, que han utilizado el dinero público en beneficio propio y de sus propias formaciones, convirtiendo el «5 %» en algo habitual y asumido por contratistas sin escrúpulos.
Y estas últimas prácticas, las de algunos políticos con importantes cargos en las administraciones, se han servido de la impunidad que les confería una sociedad adormecida y probablemente rea de la tradicción picaresca, que no ha castigado suficientemente en las urnas este tipo de prácticas.
Mientras no entendamos que el fraude fiscal y la corrupción son los principales contribuyentes de la desigualdad social y que en nuestras manos está evitarlo, la situación no se corregirá. Por muchas líneas rojas que se dibujen.
