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Julio Monreal

Alguien debió oler a podrido y no se enteró

Los asuntos sucios que se ventilaban dentro de Imelsa han salido a la luz por un mal divorcio, y no porque las instituciones hayan funcionado como debían, a pesar de los incesantes compromisos contra la corrupción

El tsunami desatado por el levantamiento de la tapa de la olla de Imelsa tendrá, a medio plazo, algunas consecuencias positivas. El Partido Popular valenciano, el más rígido en su estructura vertical y presidencialista, está peleando por una refundación que incluye la elección de su líder en primarias; la Diputación de Valencia, sede principal del cesto de manzanas podridas, está saneando sus sótanos enviando al resto de instituciones un mensaje sobre la necesidad de depuración de los lodos que se habían convertido en inestable base de funcionamiento, llámense comisiones por obras, empleados zombies o blanqueo de dinero electoral; y, en general, se está produciendo una ola de búsqueda de asuntos sucios que va a renovar considerablemente los carteles políticos y los consejos de empresas públicas y privadas.

Sin embargo, conviene recordar que la salida a la luz de la mayoría de estos asuntos sucios revela un fallo generalizado en el funcionamiento de las instituciones. El profesor Josep Fontana decía el domingo pasado en estas mismas páginas que la economía en la Comunitat Valenciana, en Cataluña y en España entera se ha acostumbrado a funcionar con la corrupción, en un círculo que parte de la necesidad de acometer obras públicas y servicios: se convocan concursos, se fallan, se toleran sobrecostes y estos se reparten entre personas y partidos. «Si solo se financiaran los partidos no sería tan grave. El problema es que se han enriquecido políticos», decía Fontana. Para el profesor, la economía podría resistir la corrupción, pero las consecuencias más graves están en la mala elección de las inversiones. «Eso es peor a que roben», sentenciaba, y ponía como ejemplo el corredor mediterráneo, una obra imprescindible que quedó aparcada en los tiempos de abundancia mientras se destinaba el dinero público a elementos de ornato como el Ágora de la Ciutat de les Arts que lleva consumidos cien millones de euros, está inacabado y no tiene ninguna utilidad.

Las instituciones y sus solemnes proclamas regeneracionistas no han servido para detectar la corrupción ni para atajarla. La operación Taula ha salido a la luz por obra y gracia del divorcio del gerente de Imelsa y yonki del dinero, y no porque los partidos políticos, los secretarios, los interventores de cuentas y otros altos funcionarios hayan olido la putrefacción. La ruptura matrimonial de Marcos Benavent dejó a su suegro descolocado y fuera de los negocios que llegaban por vía familiar, y este, ahora también investigado, inició un periplo por despachos oficiales con las diez horas de grabaciones que se detuvo en Rosa Pérez Darijo e Ignacio Blanco, de EU. No hay investigación. Sólo delación. Pasó lo que casi siempre. Sólo sale la mierda cuando uno de los que se beneficiaba se queda fuera del pastel y canta.

Los reyes de los estados centralistas crearon el funcionariado, personas a sueldo de la corona para que pudieran mantener la independencia con respecto a los caciques territoriales. En la Comunitat Valenciana, y en lo relativo a la proliferación de casos de corrupción, los altos funcionarios de habilitación nacional que cobran unos sueldos muy elevados y que firman al lado de los responsables políticos las resoluciones, adjudicaciones, concursos y todo tipo de decisiones han estado fuera de juego. O se las han colado dobladas, o han tenido miedo de verse apartados si ponían reparos o han participado en los enjuagues para medrar. Muchos políticos han hecho el paseíllo por cuarteles, juzgados y telediarios, pero muchas otras personas que tenían la responsabilidad de asesorar en materia jurídica, laboral, administrativa o incluso penal a esos órganos de gobierno ahora cuestionados permanecen mudos en sus sillones.

En esta breve relación también merecen espacio jueces y fiscales, quienes rara vez dieron un paso por iniciativa propia y si alguno dieron fue para rechazar denuncias que hoy retoman, cuando el clima social anima a ello.

Ahora, la palabra mágica que todo lo cura es «transparencia». Parece que con la publicación de los contratos de las concesiones sanitarias privadas o la difusión de las veces que un político ha cogido el coche oficial la sociedad está más protegida contra la corrupción. No es suficiente. Que de ocho conselleries del gobierno valenciano una esté dedicada a a transparencia es un lujo, porque la administración de cristal ha de ser un compromiso de todos los departamentos, como la igualdad entre hombres y mujeres o la optimización del dinero público.

Acciones más eficaces contra el juego subterráneo y los vicios administrativos serían por ejemplo otorgar a la oposición, por sistema, la responsabilidad en los órganos del control del gasto. O estimular a los funcionarios a que hagan su trabajo de manera profesional, acogiendo los políticos sus dictámenes con deportividad y propósito de enmienda si hay errores. El rodillo, el ordeno y mando, el miedo y el premio al silencio son pasos hacia nuevas operaciones Taula.

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