Ayer, más vale tarde que nunca, el candidato Pedro Sanchez vio como dos presidentes socialistas facilitaban su tarea. En el Día de Andalucía, celebrado en Mislata la Presidenta Díaz, acertadamente, le hizo ver al valenciano que la «deuda histórica» (contada desde hace quince años, incluidos todos los desmanes del PP) no tenía corporeidad alguna, que era un argumento maligno para Sanchez y que la posibilidad financiera para mantener la Generalitat Valenciana (GV) pasa por hacerla un problema resoluble del Estado y de cada una de las Comunidades Autónomas (CC AA). Ximo Puig hizo bien en dejar a un lado reivindicaciones que se pierden en la noche de los tiempos y plantear una solución aceptable para todas las CC AA. El mensaje ahora es compresible:
a) Vayamos a 2009, cuando se empezó a aplicar el actual modelo de financiación (que debería estar modificado desde hace dos años) cuando tenemos cifras fiables y todas las facturas registradas.
b) Analicemos cuánto hay de deuda acumulada debida a la no confirmación de los supuestos sobre los que se elaboró aquel reparto. La corrupción ya se quedó su parte miserable, con demasiados votos valencianos.
c) Una vez calculado, plantear al nuevo gobierno que estas cantidades se deduzcan de lo que cada CC AA debe al Estado por los préstamos recibidos por el FLA.
Este es un método creíble que al contrario de la mediática pero inútil iniciativa de la «deuda histórica» supera el enfrentamiento entre territorios, esto es, una forma de no repetir el catalán «Espanya ens roba». El objetivo es el mantenimiento de los servicios públicos fundamentales que dependen de las CC AA. Una manera de reconocer que ha habido una discriminación objetiva y que se entra en la compensación inmediata a aquellas CCAA realmente infrafinanciadas, ya que, incluida en el programa del nuevo gobierno, se puede aplicar este mismo año. Al extenderse al conjunto de CC AA que puedan demostrar las cantidades mal estimadas desde 2009, no se resuelve solamente un problema valenciano.
Cuando dentro de pocos días, Pedro Sanchez presente su programa de gobierno deberá dar una solución para el mantenimiento, aunque sea parcial, de las CC AA actuales. Es inimaginable que vaya a pasar de puntillas sobre esta financiación, lo que incluye a Cataluña. No hacerlo le quitará algo mas que legitimidad democrática. Si en breve no llega un «FLA 2016» ahora inexistente, empezará, de nuevo, el impago de facturas a proveedores, la congelación de subvenciones, y el riesgo de las nóminas, ahora mayor por el vacío propio de un gobierno en funciones.
Dejando de lado la posición del PP, que decidió no encarar el problema, con los programas en la mano, el candidato Sanchez no lo tiene fácil. El PSOE propone reformar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), «para corregir los déficits de financiación y garantizar los principios de autonomía, coordinación, solidaridad e igualdad». En el plazo de un mes, un grupo de trabajo prepararía esta Lofca modificada para ser aprobada en seis meses, con el fin de que sus previsiones aparezcan en los Presupuestos de 2017. Nada decía, sobre el «FLA 2016». Admitamos que la sugerencia andaluza es un soplo de esperanza.
El programa de Podemos pasa del problema. Tras abogar por una financiación que garantice la suficiencia del ámbito competencial a través de la recaudación de los tributos cedidos a las CC AA y la participación de los tributos del Estado, termina su razonamiento con una afirmación de aurora boreal: «La financiación no podrá ser un obstáculo para el desarrollo del marco competencial propio». No parece tener solución pensada ni para dentro de unos meses ni para dentro de unos años. Todo indica que el problema se aplaza a sucesivos referendos, no sólo en Cataluña, que se darían sobre el futuro del Reino de España.
Ciudadanos no se ha mojado para 2016, por lo que hay que suponer que sigue defendiendo su programa consistente en una especie de reconversión de las CC AA: «Establecer una financiación territorial equitativa, transparente y eficaz mediante la elaboración de una cartera de servicios cuya garantía estaría constitucionalmente respaldada por la financiación del Estado». Una descripción que reduce la misión de los parlamentos y gobiernos autonómicos a una especie de gerencia.
El lector observará que una síntesis de las tres propuestas es imposible.
En el marco de esta diversidad programática, el pasado viernes vivimos la euforia del Consell por la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de dar traslado al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno provisional para que en quince días se personen para formular alegaciones a su denuncia relativa a las cuentas del Estado de 2016, que someterían a la Comunitat a un proceso de infrafinanciación que agrava la situación que se mantiene desde 2002 (la noche de los tiempos) que habría generado una «deuda histórica» de 16.000 millones de euros. Inmediatamente la vicepresidenta Oltra reiteró que la «deuda histórica» era una reivindicación del Consell a la cual se había sumado la totalidad de fuerzas políticas y que por tanto era irrenunciable para los cinco millones de valencianos.
La deuda histórica es una especulación académico/contable nacida en el entorno de la Facultad de Económicas de Valencia (con mucho el centro con mayor densidad de cargos políticos por metro cuadrado presentes en las distintos equipos del Consell desde su fundación, con independencia de color político) que fue «comprada» de forma un tanto irreflexiva por el PSPV y Compromís cuando eran oposición. La mantuvieron al firmar el Pacte del Botànic. Ahora parece que Puig toma otro camino.
Separemos radicalmente dos problemas. Uno es resoluble a golpes de solidaridad: la modificación de la financiación viendo lo ocurrido desde 2009; otro es de imposible resolución, el pago de la deuda acumulada por muchas CCAA no forales. Cuando se deben 45.000 millones (en días conoceremos la cifra exacta del Protocolo de Deuda Excesiva de 2015 que ya tiene medido el Banco de España) es inútil empeñarse en poner el dedo en el ojo de otros pidiendo que se hagan cargo, sin más, de 16.000 millones de «deuda histórica». En el mejor de los casos los 30.000 millones restantes son impagables. La única posibilidad es un acuerdo con Europa y con el resto del Estado que no podrá alcanzarse sin que tengamos un gobierno y sin que Cataluña resuelva que quiere ser de mayor.
