Pudo ser ministra; pudo ser presidenta de la Generalitat, pero la alcaldesa de Valencia durante 24 años, Rita Barberá, se va a marchar por la puerta de atrás y entre abucheos de una política que siempre llevó en las venas y a la que accedió por medio de un escaño en las Corts Valencianes en 1983.
Su amigo Mariano Rajoy no ha querido pedirle que dimita. Tampoco la presidenta del no renovado suficientemente PP valenciano, Isabel Bonig. Pero el juez que investiga el supuesto blanqueo de 50.000 euros en las paredes del Ayuntamiento de Valencia procedentes de la trama desvelada en Imelsa ha pedido al Senado que le confirme si Barberá pertenece a la institución y si le permitiría investigarla. Nunca habrá sido tan amarga la mayoría absoluta para el PP en la Cámara Alta como esta que le aboca a liquidar la carrera política de una de sus principales referencias, la que fue alcaldesa de España, presidenta de la Federación de Municipios y Provincias. Pero como dicen en la sede popular de la calle de Quart, el partido está por encima de las personas, y toca renovarse, aunque resulte traumático.
Asegura Francisco Camps en su alocada comparecencia para defenderse de todo y atacar a todos que Rita Barberá «no se ha llevado ni un paquete de rosquilletas». Seguro que es verdad, pero el delito de blanqueo que el juez investiga se castiga con entre tres y seis años de prisión y entre 10 y 20 de inhabilitación. Y aunque al final del largo proceso judicial que ahora se inicia Barberá sea absuelta, la política se ha acabado para ella. Lo mismo que pasó con Camps. Porque hasta su partido quiere perderla de vista. Que desaparezca de los telediarios. En Madrid o en Cáceres nadie conoce a Marcos Benavent; nadie sabe qué es Imelsa, pero la alcaldesa de Valencia durante 24 años es la pieza a abatir en esta montería, la que deteriora la imagen de todos. Diga lo que diga. Calle lo que calle. La justicia decidirá lo que considere dentro de varios años pero la sociedad y el propio PP ya han emitido su veredicto, y le señalan la retirada.
