Más de 110.000 refugiados han llegado a Europa en lo que va de año y Austria ya ha desafiado a la Comisión Europea anunciando que sólo permitirá la entrada de 3.200. Decisión que viola algunos de los textos éticamente vertebrales que nos hemos dado los países occidentales a lo largo del siglo XX: la Convención Europea de Derechos Humanos, la de Ginebra y la Carta de Derechos Humanos de la Unión. En la región francesa de Calais, las lamentables condiciones humanitarias de los campamentos que acogen a refugiados avergüenzan a toda Europa.

Por su parte, Alemania recibió en 2015 un millón de refugiados y las manifestaciones y la violencia contra los refugiados alentada por movimientos y partidos de extrema derecha es ya un problema de primer orden para su gobierno y el resto de la UE, que teme el efecto contagio. El país germano se enfrenta el 13 de marzo a unas elecciones regionales y los sondeos auguran que los radicales pueden convertirse en la tercera fuerza política en algunos länder gracias al voto protesta contra la incesante llegada de refugiados. Este clima de tensión se ve agravado por la crónica indecisión de Bruselas a la hora de adoptar decisiones concretas.

Hay que reconocer que es está empezando a poner cierto orden, dando asiento registral al flujo migratorio que entra por Grecia y mejorando la logística en previsión de la llegada de muchas más personas en primavera y verano. Pero mejorar las condiciones de acogida de los refugiados es todavía una asignatura pendiente. Y la experiencia francesa debería servir como advertencia del peligro de guetización en aquellos países donde las organizaciones radicales están más activas, como Francia, Alemania, Austria y Grecia.

La reciente visita de la vicepresidenta del Consell a la isla griega de Leros demuestra la sensibilidad de Mónica Oltra y del Consell hacia este drama. Pero el problema trasciende los límites autonómicos y requiere una solución multilateral, que ordene la política de acogida y sepa responder a los discursos del odio y sus derivadas violentas. Este no es un tema ajeno a nuestra agenda política: aquí, además de Madrid y Cataluña, la extrema derecha está asentada desde hace décadas. Es cierto que aún sin correlato institucional, pero eso puede estar empezando a cambiar: Plataforma per Catalunya, España 2000 y otras organizaciones de extrema derecha se acaban de reunir para intentar confluir en una alternativa conjunta que les permita superar su actual intrascendencia electoral. Puede que entonces la xenofobia tenga en España voz parlamentaria. Sería lo peor que podría pasar, porque ellos ya dan el mismo trato xenófobo que se dispensa a los refugiados en Europa a nuestra población inmigrante musulmana. Para ellos ya son refugiados.