El viernes fue un día duro: mientras el Consell liquidaba el presupuesto de 2015 con un desfase de 4.200 millones (un 25 % de sus ingresos, una situación dificilísima para cualquier institución) se daban a conocer las 93 páginas del informe publicado por la Comisión Europea en las que había mucha acidez acerca del estado de las finanzas públicas del Reino de España, atribuidas a la situación fiscal del conjunto de comunidades autónomas (CC AA): «No se han sabido utilizar las herramientas de las que se disponían para corregir las desviaciones regionales». Y por vía de urgencia se exige «una aplicación rigurosa de la ley de estabilidad presupuestaria». Ni siquiera la corrección política propia de estos documentos ha sido óbice para calificar de «crítico» el papel de las CC AA en el agujero fiscal español. O se aumentan ingresos, o se distribuye mejor el déficit autorizado, o volverán los recortes en sanidad y educación.
Con el nuevo Gobierno debe acabar el postureo que se ha venido dando durante años respecto a la financiación autonómica, si se quiere realmente que las CC AA sigan existiendo. Ha llegado el momento de plantear el ahora o nunca. Mañana, en el Congreso debemos esperar pocos mensajes al respecto. El pacto entre PSOE y Ciudanos es parco en palabras: una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), «que corrija los déficits de financiación y garantice los principios de autonomía, coordinación, solidaridad e igualdad, recogidos en la Constitución y definidos por el Tribunal Constitucional». Y en el plazo de un mes, crear un grupo de trabajo para modificarla para ser aprobada en el plazo de seis meses, con el fin de que sus previsiones aparezcan en los Presupuestos de 2017. Sin embargo, es un párrafo comprensiblemente rupturista y que debería servir para equiparar los servicios de todos los españoles. Hoy ya nadie duda de que la Comunitat Valenciana (CV) está tan mal financiada como escandalosa fue la gestión de ZOC (Zaplana-Olivas-Camps) durante muchos años. Es el momento de razonar y exigir el cambio.
En 2009 se puso en marcha un modelo de financiación, que se supone bebía de la Lofca, que ya debería llevar dos años modificado. Mientras esto ocurra, estamos obligados a sacudir con coherencia al Estado y no es oportunismo aprovechar la formación de un nuevo gobierno central, sea del color que sea.
Trataré de no atosigar con cifras y usaré redondeos. Al inicio de 2009, la deuda de las quince CC AA, no forales, era de solo 74.000 millones de euros; hoy, en 2016, estamos en 255.000 millones. La deuda total entonces era un reconfortante 40 % del PIB: 32 % de la Administración central y 7 % de las CC AA. Hoy, el Reino de España ya ha superado el 100 % del PIB (75 % de Administración central y 24 % de CC AA). A grandes rasgos, la deuda total se ha multiplicado por 2,5, mientras que la de la Administración central lo ha hecho por 2,3 y la de las CC AA por 3,4. El comportamiento de la administración estatal y de la regional es demasiado distinto, lo que explica que la UE se pregunte qué pasa.
Desde 2009, la CV ha evolucionado mejor que el resto de CC AA y se han hecho esfuerzos para ello, pero de poco ha servido ya que partíamos de cifras muy altas en 2009 (casi 16 % del PIB, a la que luego habíamos de añadir la falsedad de las facturas en los cajones, una triste herencia más de ZOC). Ahora, en 2016 estamos en el 42 % del PIB. Sin una medida radical, la Generalitat Valenciana es inviable.
En busca de una solución defendible, es necesario recordar tres circunstancias favorables: a) hoy, como consecuencia de los distintos episodios del FLA, el Estado tiene en su poder el 70 % de la deuda de las CC AA, en particular la de las dos más afectadas, la CV y Cataluña; b) para hacerse cargo de esta deuda, España ha contado con el apoyo de la UE, que el viernes empezó a ponerse en duda; y c) los intereses de esta deuda están en cotas extraordinariamente bajas.
La petición desde Valencia al nuevo gobierno podría ser:
1) Quédese el Estado con aquellos 74.000 millones de euros de 2009, cuya responsabilidad se pierde en una nebulosa contable. Hace años que Europa ya los tiene apuntados en el debe del Reino de España, sin que entonces le preocupara el reparto entre CC AA. No ocultemos el resultado favorable para nosotros: más de la mitad de ellos vendrá de la suma de Cataluña (21.000 millones) y de la CV (16.000) pero no nos castiguemos en demasía frente al resto de CC AA.
2) Retómense los principios que alumbraron el modelo de 2009 y cuantifíquese el efecto que su aplicación poco cuidadosa a lo largo de los siete años de crisis que llevamos, haya supuesto para las CC AA infrafinanciadas. Quien esto escribe, no sería riguroso si diera cifra alguna, pero no tiene dudas de que más de la mitad del ajuste sería en favor de Cataluña y de la CV, aunque tenga la intuición de que los 10.000 millones apuntados por el conseller Soler tras el pacto de Mislata son un poco exagerados. En todo caso, el Estado y todas las CC AA deberán hacer cuentas.
3) Póngase en marcha la discusión de la Lofca de la que habla el documento de PSOE-Ciudadanos y explíquese la situación a la ciudadanía por un lado y a la UE por otra. Esto es válido no sólo para quien mañana pretende acceder a la Presidencia del Gobierno, sino también para cualquiera que pueda conseguirlo.
Las conclusiones del plan serían:
a) La suma de los dos primeros apartados estará muy cerca de la deuda que hoy ya está en manos del Estado y no resultará un disparate adjudicársela a su casilla, al tiempo que se explica que aquellas CC AA que ahora se llaman cumplidoras quizás deban reconocer que lo hayan sido como consecuencia de haber estado sobrefinanciadas.
b) La CV, como otras, tendrá que asumir toda la deuda del FLA que todavía restará tras la quita del punto 2). Les aseguro que será mucha, pero al menos será abordable y la GV empezará a ser viable.
c) La cifra final que acabaría asumiendo el Estado sería superior a la de la deuda histórica y tendría la ventaja de no haberse planteado con una óptica estrictamente valenciana.
d) Nada de esto será posible, sin que PSPV y Compromis sepan plantear una estrategia como esta, o parecida, en las discusiones de un nuevo gobierno. No cito ni a PP ni a Podemos, pues por ahora parecen fuera de estas problemáticas, pero nada les exime de no haber sabido plantear una salida inteligible, por lo que cabe pensar que acabarán sumándose a una solución razonable.
