Hace tiempo y desde estas páginas llamé la atención sobre algo fundamental: no cabe pensar que vivimos en una democracia si somos tolerantes o coexistimos con la corrupción. En aquel momento alertaba con un titular: Corrupción o democracia. Era preciso escoger, pues el día a día de las instituciones requiere limpieza. Hoy ya se ha probado lo que entonces denunciaba: las complicidades de múltiples profesiones y personas habían sido necesarias para que hubiera podido fructificar una banca que alojara en su seno la corrupción suficiente como para producir su ruina. Hoy, como la mayor parte de los ciudadanos, mantengo abierta una pregunta que ha acabado cobrando esta forma : ¿cómo es posible que en una sociedad que mantiene miles y miles de funcionarios hayan podido generarse, extenderse y acentuarse prácticas que son contrarias a la ley y, en ocasiones, al sentido común?
Miles y miles de funcionarios saben que su primera obligación es «cumplir y hacer cumplir la ley». ¿Cómo es posible que alguno de esos miles de funcionarios, tan próximos a cualquier aspecto cotidiano de la vida, haya podido ser testigo en silencio de la elaboración y del pago de una nómina mes a mes a personas que no realizaban tarea alguna en la empresa que les pagaba? ¿Cómo es posible que Levante-EMV nos haya puesto ante documentos de hace años en los que se denunciaba esa situación y que el Sr. Fiscal instructor y no instructor diera en su día carpetazo al tema? ¿Cómo es posible que no se pidan explicaciones al Fiscal jefe del TSJ? No puede generarse la idea de que para algunas personas todo es posible en España. Por ser posible hasta es posible que un Presidente de una Caja de Ahorros que ha quebrado (CCM) se presente ante un juez y le diga que era un simple «animador cultural» y que realizaba un papel como el de «la reina madre».
Podríamos pensar que conductas fuera de toda legalidad ya han desaparecido de nuestro entorno. Nos equivocamos. De situaciones como las que nos describe la prensa solo cabe salir si el funcionario se compromete con la ley, sea cual fuere su puesto; si no mira para otro lado y se encoge de hombros. Es la hora en la que la primera obligación del funcionario «cumplir y hacer cumplir la ley» ha dejado de ser una afirmación que solo tiene el valor de la mala retórica: ocultar la verdad. La ley se basta si quienes han prometido cumplirla, la cumplen y la hacen cumplir. De todas las figuras que confluyen en estos desagües y adquieren notoriedad la que más me repugna es la figura del delator porque busca hacer un último fraude a la sociedad: que le rebajen o anulen sus penas.
