El mayor problema del entramado empresarial valenciano ha sido la contaminación política al calor de un solo partido y la conexión con los focos de corrupción. Toda comisión requiere un pagador. Junto a este lastre el colectivo de empresas y empresarios sufre una crisis poliédrica a la que se suma la delicada situación económica, la disminución en participación y afiliaciones, la incompetitividad, la debilidad sectorial, la conveniencia de redistribución territorial (realidad comarcal), ausencia de liderazgo, desmotivación, falta de credibilidad o el eterno conflicto entre las grandes y pequeñas empresas, con intereses distintos. Se ha considerado que lo permanente y sosegado era el funcionamiento de las empresas frente a la inestabilidad política. En la Comunitat Valenciana las cosas van al revés. El Consell del president Ximo Puig sigue su camino con voluntad de dejar huella y poner orden, mientras que el panorama de las entidades económico-empresariales transmite fragilidad e inquietud. La política se consolida a pesar de la precariedad presupuestaria y los empresarios están confusos.

La realidad social está conformada por lo público y lo privado. Todo es necesario e insustituible. Cuando falla lo público es un problema, pero cuando falla lo privado, es un desastre. Desde que se inició la experiencia democrática de la transición, cuando se crearon las organizaciones patronales en 1977, nunca se había producido una situación tan precaria.

Los empresarios saben hacer balance. Un examen de conciencia que analice en qué se está fallando. Las organizaciones empresariales atraviesan por una crisis sin precedentes. Las de Alicante (Coepa) „la dimisión de su presidente Moisés Jiménez por la insalvable deuda de 3 millones de euros al IVF„ y Castellón (CEC) desde la precariedad económica que las hace depender de lo público para subsistir y la de Valencia (CEV), necesitada de decisiones para compensar el deterioro de sus asociaciones y federaciones que explica la desbandada de las empresas asociadas. Las Cámaras de Comercio no les van a la zaga, aunque sean oficiales, existan por ley y tengan sus competencias transferidas a la Generalitat. Se repite el modelo. Tanto Castellón como Alicante tienen sus corporaciones al borde de la insolvencia y la Cámara de Valencia salva los muebles, siempre que oriente la reestructuración para garantizar su futuro. Las Cámaras locales de Alcoy y Orihuela merecen respeto y son apéndices a reubicar.

En las instituciones feriales de Valencia y Alicante, el panorama no es halagüeño. Especialmente para Feria Valencia por la envergadura de sus instalaciones y de su estructura. Nunca se hizo algo tan grande y absurdo sin saber para qué. No se puede superar el deterioro creciente de la actividad ferial sin decisiones audaces que permitan remontar la gestión dilapidadora e ineficiente. Feria Valencia está pendiente del proceso judicial sobre actuaciones, presuntamente delictivas, cuantificadas entre 600 y 1.000 millones de euros. El escándalo que afecta a la Sociedad de Garantías Recíprocas de la C.V., con amplia responsabilidad empresarial, está pendiente de resolver las sanciones impuestas por el Banco de España a sus consejeros. La red de Institutos Tecnológicos, donde hay tres investigados y con indicios de irregularidades graves, también constituye un ejemplo de simbiosis nociva entre lo público y lo privado.

De nada sirve exponer las deficiencias sino se afrontan las causas que han conducido al descrédito. El problema proviene de la confusión entre lo público y lo privado, desde la ascensión al poder del Partido Popular en 1995. Bancaja y CAM merecen capítulo aparte. Coincidió con la toma del control de estas organizaciones por directivos en los que primaba para serlo, su afinidad con el partido dominante. No se trataba de impulsar las entidades para la sociedad, sino de utilizarlas al servicio de quienes gobernaban. Ya se preparó el terreno con el tránsito directo del presidente de CEV y Cierval, Pedro Agramunt, a la presidencia del Partido Popular de la Comunitat Valenciana en 1989. Error de planteamiento que después ha proseguido.

No es el caso del colectivo empresarial y asociativo catalán, que goza de una salud envidiable frente a la inestabilidad que afecta al Gobierno de la Generalitat, que preside Carles Puigdemont. Foment del Treball Nacional, el Cercle d´Economia(que añade profesionales y universitarios), Pimec que representa los pequeños empresarios, o el Círculo de Empresarios en forma de lobby (facturan el 15 % del PIB español). El presidente de este último, el donostiarra Javier Vega Seoane, recientemente ha proclamado en La Vanguardia, que «a los buenos empresarios les horroriza ese juego sucio de arrimarse al poder que degrada la competencia».

Para resolver los problemas hay que conocerlos, afrontarlos con todas sus consecuencias y asumir su responsabilidad. Precisamente lo que nos hace falta de verad está ahí fuera.