El último acto de la ópera bufa que se viene representando en los últimos años en la pomposamente llamada Marina Real Juan Carlos I de Valencia ha incluido la dimisión del director general provisional, Fernando Soriano, presionado por el Gobierno de España que había cuestionado la competencia del ahora solo director financiero para firmar determinadas actuaciones de gestión del Consorcio 2007.
Desde que el 26 de noviembre de 2003 los representantes de los distintos grupos políticos, del gobierno y de la oposición, celebraron con alborozo y zumo de naranja que el millonario Ernesto Bertarelli adjudicaba a Valencia la disputa de la 32 ª Copa del América de Vela apenas ha habido momentos de alegría en torno a la dársena.
Un consorcio compuesto por representantes de la Administración del Estado, de la Generalitat y del Ayuntamiento de Valencia se hacía cargo de los proyectos necesarios para albergar aquella competición, principalmente la transformación de la zona portuaria más próxima a la ciudad en un nuevo espacio para usos deportivo, de servicios y de ocio que pusiera punto final a la valla que separaba la dársena de la capital y a la garita de la Guardia Civil que marcaba el lugar como un paso de aduana.
Como casi siempre en Valencia desde que se reinstauraron las instituciones democráticas, el Estado falló y las administraciones autonómica y local se quedaron empantanadas con una deuda que hoy ronda los 400 millones de euros y mantiene paralizada cualquier oportunidad de futuro para el barrio de la dársena.
Se construyeron canales y paseos; se retranqueó la línea de uso portuario; se trasladó un puente para que las fotos de la Fórmula 1 que vendría después quedaran más bonitas y se levantó un edificio singular, el Veles e vents, para activar y dar lustre al nuevo espacio. Pero las discrepancias sobre el proyecto y la crisis económica y financiera llevaron el nuevo barrio hacia un varadero del que aún hoy no ha salido.
Y es que el Estado, gobernado en estos 13 años por el Partido Popular y el PSOE en distintos períodos, no acometió la reforma del puerto de Valencia por la Copa del América como lo hizo con las Exposiciones de Sevilla o Zaragoza, con el Forum de las Culturas de Barcelona o con los Juegos Olímpicos de 1992, que convirtieron la Ciudad Condal en la líder del turismo europeo que es hoy. En todos estos lugares invirtió sin contención, gastó sin límite animado por las alianzas políticas y los réditos electorales. Pero en Valencia decidió prestar 500 millones de euros al Consorcio, en la confianza de que de los negocios y actividades que se iban a desarrollar en torno a la dársena saldría el dinero para devolver el crédito. Y lo que no saliera lo pagaría el Estado. Se trató a la ciudad con la distancia y la indiferencia de un cliente poco fiable.
Rita Barberá protestó mucho, especialmente en las etapas en las que había socialistas en la Moncloa, y Joan Ribó protesta hoy, porque los 400 millones que se deben mantienen completamente bloqueadas las arcas de un ayuntamiento calificado de moroso. No hay absolutamente ninguna posibilidad de que el Consorcio 2007 pague lo que debe. Cualquier ingreso, como puede ser el canon por la instalación de un quiosco de helados, queda intervenido instantáneamente para compensar intereses del crédito. Unos 750 años se tardará en devolver el dinero en esta situación. Las negociaciones sobre la investidura han recogido la posible devolución de la deuda histórica a la Comunitat Valenciana (aunque Ciudadanos no lo respalda) pero nada se ha dicho de la condonación de la deuda del Consorcio 2007 que el alcalde de la capital pide una y otra vez, sin éxito alguno, y que el implacable Cristóbal Montoro no para de reclamar.
El bloqueo de la Marina Real no es solo económico. Por si faltaba algo, la demora en la formación de nuevo Gobierno mantiene parada la necesaria actualización de cargos y representantes. El Consorcio 2007 ha sido en los últimos meses un sálvese quien pueda, una salida permanente de políticos y técnicos que abandonan el barco en plena tormenta. No hay dinero, no hay concursos, no hay obras y no hay un proyecto definido tras la salida de los populares de los gobiernos autonómico y municipal. La puesta en marcha del centro de formación y negocios impulsado por el presidente de Mercadona, Juan Roig, en dos edificios de la dársena, y la adjudicación de la gestión del Veles e Vents a Heineken son dos avances importantísimos, y la acogida obtenida por el nuevo club de playa demuestra que vecinos y residentes tienen ganas de dársena si ésta se dota de espacios y servicios de calidad.
Sin embargo, todos esos elementos que un día convertirán la Marina Juan Carlos I en un barrio vivo parece que habrán de salir de los bolsillos de los valencianos, ya sea de sus empresarios o de sus contribuyentes. El Estado solo pasa las facturas, haciendo bueno el aserto político de que la Comunitat Valenciana, con una renta de pobre, paga a las arcas españolas como rica. Todo lo que toca Moncloa se atasca, como la dársena, el corredor mediterráneo, la ZAL, la estación del AVE, el túnel ferroviario pasante en Valencia, la reforma del complejo policial de Zapadores, el parador de turismo de Morella y hasta la llegada de los refugiados desde Turquía. La lista es más larga, y un auténtico antídoto para quienes desarrollan tentaciones recentralizadoras. Al final, parece que habrá que esperar a junio para decidir el nuevo inquilino del palacio madrileño. Habrá que reclamarle que no aplique las mismas recetas que los anteriores, de uno y otro signo en el caso de la dársena valenciana, las que han llevado al rincón del olvido proyectos estratégicos que sí han salido a flote en otras latitudes con más capacidad de convicción. O de presión.
