08 de marzo de 2016
08.03.2016

Empresas al servicio del aparato

08.03.2016 | 04:15

Las investigaciones de la UCO que últimamente se están conociendo apuntan directamente a las empresas púbicas de la Diputacion de Valencia y al reparto de puestos de trabajo pactados. Puestos fantasma que se crearon en el seno de las empresas públicas para dar cobijo a falsos asesores al servicio de los partidos políticos.

No se trata de hechos aislados y puntuales. Debemos hacer un análisis más global donde las empresas públicas eran y son una potente maquinaria al servicio de un sistema y de una forma de entender la política. Como analizaba Easton en su teoría sistemática de la política, estamos ante la resistencia a los cambios de un sistema político que se enfrenta al dinamismo constante mediante la realimentación. Realimentación que se produce mediante un perverso circuito compuesto por un lado por los partidos políticos y por otro por las empresas públicas. Esta re alimentación fluiría mediante el control de las instituciones para el fortalecimiento y/o supervivencia de los aparatos de dichos partidos políticos.

Hoy ya podemos hablar de Ciegsa, de Imelsa, de Egevasa (esta última con extraños bailes de nombramientos de gerencia y con multidud de contratos investigados también por la UCO). Está claro que una de las patas donde se sostendría la Taula son las empresas públicas, sus contratos y algo más: su personal.

El hecho de que varios cargos de la anterior oposición en la Diputación de Valencia hayan sido imputados apunta a la teoría que se expone. Que en particular, al exportavoz del PSPV, José Manuel Orengo, se le cite por haber podido negociar con los responsables del Partido Popular para enchufar a cargos o militantes de su formación política es un ejemplo muy gráfico de esta teoría de sistemas. Lejos del filibusterismo político, el hecho de acudir a pedir que te coloquen a los tuyos precisamente a aquellos a los que supones corruptos no hace más que dejar en evidencia la tesis de supervivencia de los aparatos de partido. Su hegemonía en el tiempo hubiera sido inviable e imposible de sustentar si sus aparatos no hubieran encontrado cobijo en estas empresas para reforzar a sus peones.

Liberaciones incomprensibles de cargos institucionales y orgánicos a lo largo de todo el territorio, han sido posibles gracias al suministro que les proporcionaban estas empresas. Así pues, existió un juego de reparto desleal de puestos de trabajo que se pactaban. ¿A cambio de qué, de docilidad mutua? En resumen, un intercambio de cromos y pactos de no agresión a cambio de darle pulmón a sus estructuras de partido.
Algo falla en un sistema si para su supervivencia necesita que los representantes de la voluntad popular pacten a las espaldas de los ciudadanos un voto de silencio para colaborar entre sí repartiéndose el pastel y las nóminas para sus cuadros. Los empleos en estas empresas no pueden continuar siendo un premio por haber inflado el censo de militantes de un partido o por haber hecho buena fontanería política en favor de las cuitas internas de una organización. Estas prácticas se traducen en una mala gestión que acabamos pagando todos los ciudadanos en nuestros recibos (en Chiva, mi pueblo, el recibo del agua se ha incrementado considerablemente tras el último contrato con Egevasa y hasta el actual alcalde ha reconocido que en los pliegos del concurso quedaba claro a quién se le iba conceder el servicio). Este sistema se traduce en un expolio ciudadano que no se debe tolerar. Y en este punto, tienen una oportunidad de oro desde los nuevos gobiernos para actuar. Los pasos dados hacia la creación de una Agencia Anticorrupción, o el Código de Buen Gobierno, alumbran el camino, porque lo que se analiza en este artículo no es ni más ni menos que otra forma de corrupción política.

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