Pocas horas después del fallecimiento de Antoni Asunción, el más relevante cargo público español que dimitió por responsabilidad política, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha decidido proclamar que dejará el cargo si el juez le abre investigación penal por los 7.200 euros que gastó con una comitiva municipal en un viaje a La Coruña, a un encuentro de alcaldes «del cambio». Los concejales del PP llevaron el caso al fiscal considerando que el gasto se produjo para asistir a un acto de partido. Intentan de esa forma devolver al alcalde el golpe del «Ritaleaks», el paquete de facturas de gastos de representación con el que Compromís minó el crédito de Rita Barberá en vísperas de la campaña electoral para las municipales de mayo de 2015. Otros actores en el escenario son los socialistas de Zaragoza, quienes desde la oposición han pedido a su alcalde, de Podemos, que devuelva 1.000 euros que se gastó en asistir a la misma cita. En Valencia, el puño y la rosa está con Ribó, con el que comparte gobierno, y también los tres concejales de la formación morada, quienes formaban parte de la comitiva.
Asume el alcalde un riesgo extremo al vincular su dimisión a que el juez transforme en investigación oficial lo que aún es diligencia del fiscal. Cualquiera puede hoy verse investigado en el sentido en que antes se veía uno imputado. Sin ir más lejos, los cincuenta concejales, asesores y exasesores del PP en el Ayuntamiento de Valencia llevan esa etiqueta porque cuatro de su mismo grupo creyeron que cada uno había blanqueado mil euros y al juez le pareció verosímil.
Es cierto que Ribó ha mantenido siempre una postura política de raíz ética, vinculada al abandono del cargo en cuanto se produzca una actuación judicial, pero no es menos cierto que el juez del caso observará ahora las pruebas con mayor celo si cabe, conocedor de la consecuencia directa que tendría una decisión de impulso a la causa: provocar la retirada del alcalde de la tercera ciudad de España.
Además, Ribó pone el listón tan accesible que antes o después se puede ver obligado a retirarse anticipadamente o a prescindir de alguien de su equipo de gobierno, ya que la gestión desgasta y genera enemigos a gran velocidad. Por ahora, el alcalde está tranquilo. Sabe que Pere Fuset o Sergi Campillo podrían tomar el relevo con garantías.
