Una institución cargada de problemas, con mil millones de euros de deuda, protagonista de un caso judicial que está a punto de abrirse para determinar si hubo negligencia en la gestión y que tiene su futuro seriamente comprometido está a punto de ceder gratuitamente un edificio de tres plantas y sótano a Radiotelevisión Española para que instale su sede regional.
Ni siquiera se ha determinado aún si Feria Valencia va a ser una entidad de derecho público o de derecho privado, ni si se va a gestionar directamente por el equipo que preside el máximo responsable de la patronal valenciana, José Vicente González, o conceder el trabajo diario de comercialización de espacios expositivos a una firma especializada. Pero lo que está claro es que RTVE podrá instalarse a cambio de nada en el edificio conocido como «cubo negro», según reconocen desde la emisora pública, porque la Feria no responde a la pregunta del millón.
¿Cómo puede una empresa pública en quiebra entregar un bien a cambio de nada? ¿Es esa la manera que tienen los gestores públicos y privados del espacio de defender los intereses de los ciudadanos que han pagado con creces (ya dirá el juez cuántas) un recinto muestrario internacional sobredimensionado y extemporáneo? Cualquier gestor de bienes públicos está obligado a cobrar una renta, un alquiler por sus servicios, y RTVE no puede ser una excepción. Teyoland pagó por los metros que ocupaba hasta que se fue al traste, y cualquiera que alcance un acuerdo con la Feria para utilizar pabellones ha de pasar por taquilla. La emisora pública es de todos, pero también opera en un mercado de competencia que, por ejemplo, le ha permitido cobrar decenas de miles de euros del Ayuntamiento de Valencia por televisar actos falleros, dinero que el gobierno local de Joan Ribó, en su interés declarado por salir en la televisión nacional, detrajo de lo que otros años se repartía entre el audiovisual valenciano. Un trato de favor no estaría justificado, y menos de una Feria ruinosa y arruinada.
