20 de marzo de 2016
20.03.2016

Vivienda y ayuntamientos

20.03.2016 | 04:15

A pesar de la sobreoferta de pisos, una cuestión central en la crisis económica que arrastramos, el problema de la vivienda persiste. Continúa habiendo decenas de miles vacíos y sin vender, mientras muchos de esos pisos son inasequibles para las familias modestas, alejadas de sus ámbitos de trabajo y de los barrios donde los necesitarían. Las viviendas a la venta situadas en las zonas turísticas del litoral o las promociones de alto nivel, en su gran mayoría no valen para satisfacer el derecho a la vivienda de quienes no tienen o residen en casas sin condiciones de habitabilidad dignas.

El problema de la vivienda persiste y los poderes públicos, incluidos los ayuntamientos, no pueden inhibirse al respecto. Ciertamente, el Estado y las administraciones autonómicas han llevado adelante en las últimas décadas políticas y planes de vivienda, aunque a veces sin convicción y sin poner los medios necesarios. Ahora bien, el caso de los ayuntamientos resulta flagrante, pues siendo las instituciones más cercanas al ciudadano, muchos han pasado del tema o han desistido de atender emergencias de familias sin vivienda, con el argumento de que no hay presupuesto. ¿Los derechos humanos no son cosa de las instituciones municipales?

Existe una larga y fecunda tradición municipal socialdemócrata europea de atención al problema (en Viena, Fráncfort, Amsterdam, Copenhague...) gestada sobre todo en el primer tercio del siglo pasado, que promocionó la construcción de viviendas para las clases trabajadoras y creó en muchas ciudades parques de vivienda pública de calidad que hoy se mantienen vivos, en régimen de alquiler o de pisos en propiedad a precios tasados. Son, sobre todo, viviendas asequibles para las clases modestas y medias que ejercen también cierto contrapeso a la arbitrariedad de los precios de la vivienda libre, al menos en los barrios populares en que se localizan.

En nuestro caso, desde hace bastantes años los ayuntamientos esgrimen que no hay dinero para política municipal de vivienda o, lo que es peor, que eso lo ha de resolver el mercado. Es cierto que los recursos financieros municipales son escasos, pero el argumento ha servido para no iniciar inversiones que a lo largo del tiempo hubieran llevado a poder contar con un parque de viviendas municipales operativo en la ciudad, es decir, con alguna capacidad para resolver no solo emergencias puntuales y transitorias. Como además las políticas de vivienda son de largo alcance, mas allá de cuatro años, se han dejado para mejores tiempos. Críticas análogas pueden hacerse respecto al mantenimiento y ampliación del patrimonio municipal de suelo, condición de programas de vivienda y equipamientos públicos.

Las excepciones a esa trayectoria son pocas pero existen. Alicante creó en 1981 su Patronato Municipal de la Vivienda, que ha llevado a cabo una interesante línea de trabajo, cuenta con varios centenares de viviendas en alquiler, ha realizado una experiencia de viviendas intergeneracionales, mantiene otras para universitarios, ofrece un programa de intermediación social inmobiliaria, en diciembre pasado ha vuelto a adquirir pisos para alquiler social... El ayuntamiento alicantino no tiene más recursos que otros, simplemente ha mantenido una línea continua de actividad en el tema de la vivienda. Como la han mantenido Salamanca, Zaragoza, Barcelona, Palma...

En todos los municipios de tamaño medio y grande existen emergencias habitacionales, se necesitan promociones de vivienda pública en barrios degradados, la rehabilitación residencial es prioritaria y urgente a corto y medio plazo, hay áreas urbanas pendientes de rehabilitar tanto en los centros históricos como en la periferia, la vivienda de alquiler ha de recibir un impulso serio, deberían contar con patronatos de vivienda... Es de esperar que la ley de la función social de la vivienda y los planes consiguientes que la Generalitat anuncia, impliquen a las corporaciones locales en el tema, pues podrían diagnosticar de cerca los problemas y gestionar con eficacia programas para resolverlos. La vivienda es un derecho y el trabajo a realizar es enorme. Los ayuntamientos deben abordar la cuestión con perspectiva aunque sus recursos financieros sean ahora limitados. Es una asignatura que muchos tienen pendiente.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook
Enlaces recomendados: Premios Cine