En la disyuntiva de cómo proceder para mantener una cierta sostenibilidad de la Generalitat Valenciana (GV) y con ello la parte del Estado de Bienestar que le corresponde gestionar, en ausencia de pactos políticos válidos con la Administración central y con el resto de comunidades autónomas (CC AA) el Consell de Ximo Puig ha decidido pasar la responsabilidad a los otros y proteger a sus funcionarios con oposición. Desde la confusión de lo autonómico con lo estatal, de lo que es de todos los valencianos con lo que es de la Administración de la GV, en el fondo, de los intereses de los trabajadores del Estado de bienestar (los funcionarios de la GV) con los intereses del bienestar de todos en este Estado (en nuestro caso la Comunitat Valenciana) la decisión es en favor del llamado servidor público.
En pleno proceso de queja por la financiación y de cifras de déficit peores que nunca, Julia Ruiz una de la buenas periodistas que en esta casa escriben, el pasado día 12 decía: «El Consell quiere garantizarse a lo largo de la legislatura un diálogo social sin contratiempos con los sindicatos de la función pública y para ello, les hará una oferta difícil de rechazar que incluye mejoras retributivas y laborales para todos los funcionarios de la Administración Pública, incluido el personal docente y sanitario». Al parecer, para sellar esta paz social, la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas propone a los sindicatos un acuerdo que incluye, entre otras cuestiones, el compromiso de ampliar las plantillas, así como mejorar las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar. En este sentido, una de las propuestas es ampliar a seis semanas la duración del permiso de paternidad por el nacimiento o acogida de menores, que ahora es de 15 días. También dará permisos retribuidos a las funcionarias embarazadas a partir de la 37 semana de gestación hasta la fecha del parto. Si la gestación es múltiple el permiso retribuido sería desde la semana 35 del embarazo. Hasta ahora, las funcionarias, como el resto de trabajadoras, solo tenían regulada la baja por maternidad, una vez nacidos los hijos. Todas las mujeres con las que he podido hablar piensan por un lado que ojalá fueran funcionarias (o lo hubieran sido) pero que con este éxito sindical van a sentirse discriminadas, pues la situación de crisis convierte a aquellas en privilegiadas y lo van a ser con el dinero y los impuestos de todos. En otras palabras, el funcionario/a está siendo privilegiado mucho más allá de lo razonable en una organización como la GV en quiebra técnica.
Uno lleva demasiado tiempo diciendo que el Estado de las autonomías, tal como lo tenemos planteado, es inviable y en particular lo es la situación de la GV, por lo que no voy a insistir más en ello. Sólo dar los últimos datos para la consideración del lector/a respecto a lo ofrecido a los funcionarios de la GV por parte del Consell. Según el Protocolo del Déficit Excesivo (PDE), la forma como la eurozona mide el estado financiero de los estados, la deuda del Reino de España a lo largo de 2015 mantuvo el tipo, ya que en términos de PIB anual ha dejado de crecer, cosa que venía haciendo desde 2008. Esta modesta contención (del 99,3 % en 2014, al 99 % actual) se ha repartido de forma muy desigual, ya que mientras el de la Administración central ha bajado, pasando del 75,3 % de 2014 a un estimulante 72,9 % a finales de 2015, el conjunto de comunidades autónomas (CC AA) ha ido en sentido contrario al pasar del 22,7 % al 24,2 %. Si el lector lo prefiere en cifras absolutas, hablamos de haber pasado de 0,237 a 0,261 billones de euros. Si estas cifras las particularizamos a la Generalitat Valenciana (GV), nuestro PDE ha pasado de ser el 38,4 % del PIB a un 41,3 %, lo que significa que la deuda autonómica de la GV aumentó en 4.377 millones, que como señalaba otro compañero de este diario, supone que la GV habría generado casi 12 millones diarios de déficit, lo que, añado, equivale a que cada día de 2015 cada valenciano, con independencia de su edad y patrimonio, imputó a este déficit más de dos euros.
Insistir en que la GV es la que más déficit presenta de todas las CC AA, expresada como porcentaje del PIB, es ya irrelevante por cansino, pues en esta clasificación somos la comunidad líder desde principios de siglo. Más novedoso es que en 2015 (el de la transición Fabra-Puig) hayamos sido también la que más déficit ha acumulado de todas las CC AA. De las cansinas cifras dadas se deduce que el promedio del conjunto de autonomías tuvo un aumento del 1,5 % mientras que la GV lo hizo en el 2,9 %, casi el doble. Es decir, los habitantes del resto de CC AA se quedaron en un euro por noche en el déficit de sus administraciones autonómicas.
La mala financiación relativa de la GV, que nadie discute, es incompatible con la forma de actuar del Consell. Con tantas personas que trabajan en precario y en condiciones muy duras, el equipo de Ximo Puig se compromete a «la recuperación del poder adquisitivo de los empleados públicos tras años de recortes y congelación salarial». Así, el Consell se compromete a «adoptar las medidas oportunas de carácter legislativo, reglamentario y presupuestario y organizativo necesarias para propiciar la recuperación del poder adquisitivo». En concreto, se negociará la recuperación, de forma gradual y atendiendo a la disponibilidad presupuestaria de la Hacienda de la Generalitat, del pago del 100 % de las bajas médicas, al tiempo que se compromete a crear un fondo compensatorio. En un ejercicio de escapismo se reconoce que parte de estas medidas dependen del Estado, por lo que asegura que instará al Estado a eliminar las restricciones legales de tipo económico.
Sin duda, los sindicatos funcionariales van a estar de parte del Consell frente a Madrid. No solo hay desigualdad con otros trabajadores, sino también insolidaridad con los que no tienen trabajo o lo tienen de mala calidad. En el cumplimiento de este tipo de compromisos con los fijos, los enseñantes tienen experiencias, pero ahora la GV ha empezado a desprenderse de sus trabajadores temporales; las últimas remesas vienen del lado de la Consellería de Cooperación, de la Dirección General de Farmacia y los próximos despedidos van a ser los contratados que sostienen la informática de la Agencia Valenciana de Salud.
Uno no tiene los datos sobre la gravedad del colapso que pueden producir en los distintos servicios públicos estos despidos, pero preocupa que se estén dando en momentos en los que los funcionarios, con el viento de cola, que les dan los supuestos sindicatos de clases, vayan recuperando ventajas que quienes no viven de los presupuestos públicos no pueden entender, ni mucho menos compartir.
