22 de marzo de 2016
22.03.2016

Agua y empleo

22.03.2016 | 04:15

Agua y empleo» es el lema del Día mundial del agua que hoy se celebra. Elegido por el poder que agua y empleo tienen para transformar vidas, sociedades y economías, es verdad particularmente apreciada cuando faltan. Disponer de agua y alcanzar el pleno empleo son retos mayúsculos pendientes en numerosos países. En los que están en desarrollo más el primero, pues por su falta diariamente mueren cinco mil niños. Las inquietudes se invierten en los desarrollados. Y así, en España, el paro es la preocupación mayor mientras el agua ni aparece en el ranking. Sólo, y con discreción, asoma en períodos secos para tan pronto vuelven las lluvias, desaparecer.

Lo lógico en un mundo presidido por el carpe diem. La falta de trabajo tiene un impacto inmediato y severo en la calidad de vida de las personas, mientras que los problemas del agua, aunque reales (viejas infraestructuras, problemas organolépticos que invitan a beber agua embotellada, cara y ambientalmente inconveniente, vertidos sin depurar, sequías recurrentes, cambio climático, etcétera) no preocupan porque apenas se perciben. Pero cuando se manifiestan (cortes de agua en la Marina e Ibiza el pasado verano, por ejemplo) inundan portadas. Y lo seguirán haciendo porque nuestra manifiesta incapacidad de anticiparnos al futuro aumenta el riesgo. Pero claro, con tanta incertidumbre política, los problemas del agua son una broma para nuestros decisores. Y, además, con competencias tan atomizadas, es fácil escurrir el bulto echándole la culpa a quien se ponga a tiro.

Pero el lema sugiere una reflexión alternativa a la de Naciones Unidas: el fuerte nexo agua-empleo inherente a la gestión que el momento requiere, renovar las infraestructuras construidas el siglo pasado. Porque entrado el siglo XXI, es más importante mantener y renovar lo construido que construir lo que falte. Un cambio de paradigma (anteponer el conservar al promover) difícil de asimilar en países con escasez de agua donde la Administración ha financiado las infraestructuras importantes. Recuérdense los no lejanos en el tiempo ministerios y consejerías de Obras Públicas. Una tradición potenciada por los generosos fondos que, tras ingresar en Europa, llegaron de Bruselas. Con estos antecedentes no extraña que el ciudadano piense que estas obras son, como la sanidad o la educación, responsabilidad pública y que las tarifas sólo deben contemplar los costes de operación, pero no los de renovación. Un proceder que conlleva su envejecimiento, pérdida de calidad de servicio y, en fin, legar a nuestros hijos una pesada hipoteca.

Es una dinámica insostenible porque Europa ya no financia obras nuevas y la capacidad de inversión del Estado, que no puede endeudarse más, es limitada. Y, más importante, los actuales subsidios contradicen la Directiva Marco del Agua (DMA) que exige recuperar todos los costes. La DMA lleva razón. Descentralizando la gestión se traslada la responsabilidad a los gestores, se propicia la eficiencia, se penaliza a quienes despilfarran y, en fin, se despolitiza una gestión que demasiadas veces ha antepuesto criterios políticos a técnicos. Con el cambio, el usuario pagará más vía tarifa pero, por la mayor eficiencia, habrá un ahorro en el cómputo global. Y sus impuestos ya no sufragarán nuevas infraestructuras hídricas. No hipotecar a nuestros hijos exige este cambio que, además, conlleva beneficios colaterales. Facilita la sostenibilidad, potencia la economía verde y circular y, siendo mayormente tarea artesanal, crea empleo.

Numerosos análisis lo acreditan. Evalúan el coste económico de renovar las infraestructuras, calculan el impacto de estas inversiones (en creación de empleo y PIB), las ineficiencias que corrigen y su beneficio ambiental. Análisis que, aplicados a España, sorprenden. Alcanzar la excelencia en la gestión del agua urbana requiere una inversión anual de 5.000 millones de euros, generando 125.000 empleos y con una repercusión de 10.000 millones/año en el PIB. Los beneficios ambientales son aún mayores. En ahorro de agua (1.300 hm3/ año), de energía eléctrica (4000 Gwh/año) y de emisiones de gases de efecto invernadero (1.500 Mtm/año). Al tiempo, la mejora de la eficiencia reduciría los gastos de explotación en 1.500 millones/año, por lo que el monto global de la acción sería de 3.500 millones/año, con una repercusión en las tarifas (la DMA lo exige) de 2 euros/m3, unos 90 euros por persona y año. A cambio, los presupuestos públicos no incluirían la construcción de nuevas obras hidráulicas. En media supone duplicar los precios actuales, un coste asumible. Supondría el 1% de la renta per cápita, por debajo de servicios no esenciales y aún lejos de precios vigentes en el norte de Europa, más rico en agua pero con mayor conciencia ambiental. Nuevos precios que no deberían comprometer el sagrado derecho al agua.

Ello exige profundas reformas. Promover la necesaria educación ambiental para que el ciudadano apoye los cambios e identifique a los demagogos del agua. Transformar la Administración (de promotora de obras a gestora), incluyendo la creación de un regulador que dando estabilidad jurídica al sector, garantice el buen uso del dinero del agua. Y reformar la Constitución. Debiera priorizar los límites naturales sobre los políticos y el interés general sobre el territorial. Reformas complejas sólo al alcance de estadistas. Decía Churchill que el político deviene estadista cuando, más que en las próximas elecciones, piensa en las generaciones venideras. Complejo porque en España abundan los primeros y escasean los segundos. Y claro, así nos va.

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