24 de marzo de 2016
24.03.2016
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¿Puede alguien rectificar?

24.03.2016 | 04:15

La historia de la Ciudad de la Luz está plagada de errores, muchos de ellos inexplicables, otros, sencillamente increíbles; entre ellos, no atajar desde el principio la demanda de los estudios cinematográficos británicos Pinewood denunciando las ayudas públicas que, según los británicos, distorsionaban la libre competencia. Las disensiones entre los responsables de la anterior Generalitat y la sociedad Aguamarga, o la incapacidad para negociar en su momento con la Comisión Europea o con los estudios Pinewood, pudrió el asunto y acabó en una sentencia condenatoria. Ciudad de la Luz, los mejores estudios cinematográficos de Europa, según Francis Ford Coppola, cerraron y entraron en un proceso de venta que tiene que adjudicarse antes del verano.

Con el planteamiento actual, y a pesar del cambio de Administración, la operación, según opiniones jurídicas, puede quedar en el aire o crear más dificultades y pleitos aunque lo más grave sería que los nuevos dueños la dejaran arruinar o la explotaran como negocio inmobiliario. La producción cinematográfica, la industria cultural, se habría esfumado después de una inversión gigantesca de dinero público.

Con la óptica administrativa, hay quien dice que ya hemos llegado a un punto sin retorno pero el perjuicio puede ser tan grave que merece otra dosis de reflexión fresca llevando al primer plano el argumento político que debió primar desde un principio.

La Unión Europea es, entre otras cosas, un club económico encargado de vigilar que la competencia del mercado funcione sin más ayudas o distorsiones que las acordadas por los gobiernos. Pero la aplicación de esta filosofía al funcionamiento de unos estudios cinematográficos resulta discutible. Los estudios son un componente de la producción cinematográfica y ésta es una actividad industrial con un fuerte componente cultural y forma parte de un sector que ha tenido y tiene la asistencia y el apoyo de los gobiernos en toda Europa. Gracias a la defensa de la excepción o la diversidad cultural, la industria cinematográfica y audiovisual europea se ha defendido, con dinero público, de la competencia implacable de Hollywood.

La querella de los estudios Pinewood contra la Generalitat se amparó en la defensa de la libre competencia pero la sentencia a su favor puede tener como resultado la expulsión del mercado de un competidor reforzando el oligopolio y reduciendo las opciones de las productoras.
La negociación que el presidente Puig llevó a cabo con la Comisión Europea sobre el cumplimiento de la sentencia dio la impresión de que ponía en juego estas ideas. Por lo visto después, se colige que pudo ser una negociación de alcance limitado centrada en el detalle de los plazos o en suavizar la presión que venía de Bruselas.

A punto de «adjudicar la venta», el quid reside en saber si se está a tiempo de conseguir que Bruselas acepte como uno de los criterios sine qua non de la adjudicación el obligar a que el comprador lo destine a la finalidad original: una actividad de industria creativa, productiva y cultural, por muy privada que ahora vaya a ser.

Para ello, desde luego, puede ser útil implicar a otras administraciones y agentes y hacer un último esfuerzo para evitar que una enorme inversión pública acabe rentabilizada en un negocio ajeno a la cultura.

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