Dentro de una semana el president Puig se entrevistará con el Ministro de Hacienda en funciones en un encuentro de capital importancia para el funcionamiento de los servicios más básicos gestionados por la Generalitat Valenciana (GV) que se da pocos días después del reconocimiento implícito de esta misma situación en Cataluña, por parte del independentista conseller Oriol Junqueras. Volveremos más abajo con esta próxima estación de penitencia, pero hoy, algo debe decir quien tiene la suerte de escribir cada lunes en un medio como Levante-EMV y que el miércoles se vio descalificado en una tribuna firmada por Luis Lozano, Secretario general de Federación de Servicios Públicos de UGT del PV («Contestando a Gregorio Martin»).
Para situar al lector, decirle que desde casi los inicios de esta crisis interminable engendrada en la época ZOC (Zaplana, Olivas, Camps) incluso antes que hubiera mostrado todo su veneno, uno ha venido expresando su preocupación por el futuro de la GV. El pasado lunes este «Pensat i Escrit» (calificado como «molt poc pensat») salió bajo el título de «Hay déficit, pero el funcionariado?» Tratando de plasmar la contradicción que supone que el Consell en la misma semana en la que los valencianos supimos que la deuda de la GV, a lo largo de 2015, había aumentado en 4.377 millones de Euros (un 2,9% del PIB valenciano, que duplicando la media del resto de comunidades autónomas y muy alejado del objetivo del 1% asumido ante la UE) y este periódico hubiera informado certeramente que «El Consell quiere garantizarse a lo largo de la legislatura un diálogo social sin contratiempos con los sindicatos de la función pública y para ello, les hará una oferta difícil de rechazar que incluye mejoras retributivas y laborales para todos los funcionarios de la Administración Pública, incluido el personal docente y sanitario». En estas coyunturas uno debe decidir entre contestar a la persona o a la institución que representa. El respeto a la historia de la central sindical y la gravedad de la situación financiera de la GV escoran esta respuesta hacia la discreción y el cuidado.
Uno sabía que era meterse en un jardín plantear este tipo de reflexiones. El riesgo suele estar en ser objeto del síndrome de matar al mensajero, es una pulsión tan poco dialéctica como inevitable para quien se siente incómodo sobre el fondo de una cuestión. Afirmar, a estas alturas de nuestra crisis, que «el personal al servicio del Consell ha perdido alrededor del 25% de su poder adquisitivo» es no decir verdad y cabe esperar que ello no sea con ánimo de engañar, ya que entonces tendría una equivalencia semántica con un verbo muy desagradable que, en línea con el respeto a UGT, no voy a teclear.
He puesto negro sobre blanco mi pensamiento sobre lo que en esta tierra ha ocurrido durante la época de ZOC y no voy a insistir en los puntos que desde UGT se relatan para explicar el actual déficit de la GV, que el sindicalista remonta a los tiempos de Franco. Todo para terminar con: «la solución no debe recaer una vez más sobre las espaldas de los empleados públicos valencianos ni sobre las posibilidades de igualdad de oportunidades de los ciudadanos de nuestra comunidad». Una frase redonda, mitinera y demagógica que nada tiene que ver con lo que traté de escribir. En ningún momento decía que la solución estuviera en castigar a funcionario alguno, sólo planteaba que cuando una administración lleva años en suspensión de pagos era muy difícil entender que ofreciera a sus funcionarios ofertas que no podrían rechazar y condiciones sociales que no tienen la inmensa mayor parte de trabajadores valencianos que no trabajan para la GV y que me disculpen los parados y subempleados, para no hacer más dura la opinión..
Aquellos que en la crisis actual de la GV hemos defendido un mayor jacobinismo somos rechazados en los ambientes progresistas donde se ha decidido que el nacionalista es intrínsecamente «progre» y el recentralizador escarmentado por la experiencia ZOC, es ferozmente derechista lo que explica la descalificación recibida del sindicalista que nos ocupa.
En el imaginario de mi generación, la UGT como sindicato de clase era equivalente a la lucha solidaria frente al empresario y al capital en la línea que Karl Marx nos enseñó. El verdadero sindicalismo es imprescindible. Sin embargo el devenir de los acontecimientos ha llevado a que los sectores más fuertes de los grandes sindicatos actúen principalmente en el campo funcionarial como es el caso de mi interlocutor. Quizás UGT debería hacer un esfuerzo para distinguirse de las agrupaciones gremiales propias de algunas aristocracias de trabajadores como los controladores aéreos, los estibadores portuarios o los maquinistas ferroviarios.
El Consell dista mucho de ser un «patrón» y el funcionariado está alejado de la figura del obrero marxista. Cuando ambos negocian el supuesto patrón no va a ver alterado, ni su patrimonio, ni sus beneficios; en todo caso lo serán las finanzas de la institución a la que democráticamente le hemos confiado el gobierno; además se hace difícil hablar de «clase funcionarial» en el sentido marxista. Las puertas circulatorias entre puestos políticos y dirigentes sindicales son tan numerosas, como legítimas, lo que se hace muy difícil de aceptar son las que se resumían en el «Hay déficit, pero el funcionariado?».
Intentábamos ver el déficit de la GV en términos de solidaridad en momentos de subempleo y desempleo. STOP.
Volvamos con Puig y Montoro para señalar que no es buena cosa que la GV tenga que recurrir al president cuando los catalanes, con problemas financieros y políticos incluso más graves que los nuestros, se bastan con su conseller Junqueras. No parece que el Consell esté muy dispuesto a proteger a su president. La vicepresidenta Oltra fue clara el sábado al afirmar que el Gobierno valenciano carece de plan B porque «no hay plan sin financiación», advirtiendo que si no se tienen los recursos suficientes «no se pueden garantizar los derechos» de los valencianos. No exageraba, ya que desde diciembre, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, nos informó que la GV, al igual que su vecina catalana, sufriría «riesgos muy elevados para la sostenibilidad financiera» por su «alto nivel de deuda de partida, la dinámica no decreciente de la misma y los riesgos potenciales de liquidez? y que ambas regiones podrían caer en quiebra en ausencia de los mecanismos de financiación del Estado». ¿Se puede decir más claro?
Continuar con un gobierno provisional y con unos partidos que han decidido ignorar en sus múltiples «líneas rojas y manos extendidas» el problema de la financiación autonómica ha complicado las cosas hasta extremos que los ciudadanos (incluidos los sindicatos) no quieren plantearse.
