Catorce comisiones falleras de la ciudad de Valencia tienen su sede, su casal, en un local cedido por el ayuntamiento. Y otras tantas asociaciones de vecinos, y hasta algunas organizaciones profesionales. Hasta cien inmuebles de propiedad municipal ocupados por entidades de distinto tipo van a salir a concurso en las próximas semanas de forma que quien quiera aspirar a cada uno de los locales tendrá que elaborar un proyecto y proponer un plazo de uso de forma que ambos puedan ser valorados por el consistorio. De esta forma, la concesión de un espacio se equipara a la entrega de una subvención, cuyo destino hay que justificar.
La medida está impulsada por la concejala que se encarga de Patrimonio, María Oliver, de València en Comú, y tiene por objeto rentabilizar los bienes del ayuntamiento y abrir el campo de acción en los locales municipales, ahora limitado principalmente a fallas y entidades festeras y asociaciones vecinales.
Las resistencias no se han hecho esperar. Algunas de las comisiones de fiestas instaladas en locales han visto ya las orejas al lobo, pero el ayuntamiento ha sido muy generoso con su plan de adquisición de casales que ha permitido que unas 80
fallas accedan a un local propio desde que el programa de subvenciones se puso en marcha en 1997. Muchas han invertido en su futuro y otras se han acomodado en inmuebles públicos a sabiendas de que antes o después acabaría el chollo.
También existe temor entre las asociaciones de vecinos, algunas de las cuales van a tener que dejar el local que ocupan para que el ayuntamiento lo saque a concurso. Ante este colectivo, el consistorio ha de ser más flexible. Si no hay inmueble no habrá participación, y esta es una de las novedades que lleva a gala el gobierno del tripartito: fomentar la participación en todos los ámbitos de decisión municipal. La rentabilidad del patrimonio local es una obligación, pero si es a costa de aplacar voces críticas la intención quedará desvirtuada.
