31 de marzo de 2016
31.03.2016

Las víctimas de accidentes de tráfico desisten de reclamar ante el juez por las trabas legales

31.03.2016 | 17:15

La última reforma del Código Penal español repercute en la carretera. La desaparición de las faltas en el nuevo texto aboca a quienes reclaman una indemnización por daños personales en un accidente de tráfico a acudir a la vía civil, que resulta mucho más costosa, o a suscribir acuerdos extrajudiciales con las compañías de seguros por cantidades económicas considerablemente más bajas de las que se hubieran manejado en un juicio de faltas. Cada vez hay más víctimas de percances circulatorios que renuncian a lograr un resarcimiento en los tribunales, ante el temor a que se le disparen los gastos, incluso con la imposición del pago de unas costas que hasta podrían ser más elevadas que la cantidad que se reclama y de las que estaban libres en los procesos por faltas. A cambio, se aceptan los acuerdos "a la baja" que ofrecen las compañías de seguros.

La abogada Ángela Fernández Carrero lleva varios casos de este tipo y confirma las crecientes dificultades para exigir una compensación por los daños en percances ocasionados por imprudencias tales como no respetar una señal de stop o saltarse un semáforo. Se trata de un proceso de despenalización de los accidentes en el que pierden por goleada las víctimas y en el que ganan las aseguradoras, al lograr importantes ahorros económicos gracias a los acuerdos extrajudiciales a la baja. La reforma legal ha conseguido reforzar la situación de las empresas de seguros. Al complicar a las víctimas el acceso a la justicia, se las aboca a aceptar sus ofertas, aunque sean mínimas. El tema no es menor. En el momento en el que se aprobó la reforma del Código Penal en torno al 80 por ciento de los accidentes de tráfico con daños personales se estaban juzgando como faltas. Es decir, iban por esa vía todos los casos que no revestían la suficiente gravedad como para ser considerados delitos.

Hasta su desaparición en la reforma del Código Penal aprobada en julio de 2015, los juicios de faltas eran el conducto habitual para las reclamaciones de las víctimas de percances de tráfico y no conllevaban gastos. Sin embargo, desde que las faltas han pasado a ser delitos que se evalúan según la gravedad que tengan, estos procedimientos se encauzan por vía civil. "Resulta mucho más cara y hace que mucha gente se eche para atrás, ya que, para empezar, hay que pagar a un procurador", confirma Fernández Carrero. Es más, contra lo que sucedía anteriormente, también es necesario contratar un informe médico que respalde la reclamación o hacerse con apoderamientos notariales. "Todo eso antes o no era necesario o salía gratis", subraya la letrada.

Otra derivada de esta reforma penal es que ahora son los jueces quienes tienen la potestad de decidir de forma discrecional si una maniobra imprudente como no respetar un semáforo y provocar una lesión leve y una baja de 30 días a otro conductor, lo que antes se consideraría una falta, tiene la enjundia suficiente para ser tipificada como un delito. El temor (y las primeras denuncias) de las asociaciones de automovilistas y de víctimas es que los magistrados, con una enorme carga de trabajo, procedan al archivo masivo de estas reclamaciones, sin llevar a cabo una investigación a fondo para determinar si deben de ser admitidas a trámite o poniendo requisitos muy exigentes para admitir que lo que antes eran faltas ahora son delitos. Estos colectivos se oponen frontalmente a la "despenalización" de las imprudencias en la circulación y sostienen que esas conductas deben de estar tipificadas en el Código Penal.

Mario Arnaldo, presidente de la Asociación de Automovilistas Asociados, reconoce que el sentido de la reforma "deja desasistidas" a las víctimas de accidentes, que se quedan sin poder utilizar "un mecanismo simple y gratuito por faltas". Ángela Fernández confirma que "se ha ­cerrado una vía de reclamación más económica y más sencilla que la civil".

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