Un Gobierno en funciones que considera que no se tiene que someter al control del Congreso, es el último espectáculo político al que asistimos. Sin embargo, el conflicto que se ha planteado, es más serio de lo que parece. En todo sistema democrático, el ejercicio del poder político tiene que estar limitado. El control Parlamentario a los Gobiernos, que es el que ejercemos los ciudadanos a través de nuestros representantes, es un límite fundamental. Sin control, no hay legitimidad. Sin legitimidad, no hay Democracia. Por ello, esto va más allá de una controversia legal.
Afortunadamente, la interinidad en la que se encuentra el Gobierno, hace que no quiebren los principios legitimadores del sistema democrático. No obstante, la actitud del Presidente en funciones deja claro cuál es el sentido de la Democracia que tienen él y su partido.
Precisamente por la excepcionalidad del momento político actual, debería tener un talante justo a la inversa. Así, lejos de esconderse y utilizar la eventual circunstancia para evitar dar explicaciones, se tendría que haber sometido al control del Congreso de los Diputados, incluso antes de que se lo pidieran. Máxime, cuando se han tomado importantísimas decisiones en el seno del Consejo Europeo, como por ejemplo, lo relativo a la crisis de refugiados. Algo que, excede claramente del «despacho ordinario de los asuntos públicos».
La utilización de argucias legales para evitar someterse al control parlamentario, es dar la espalda a los ciudadanos. En cierto sentido es, convertir la anómala coyuntura política en una suerte de refugio para cobardes, a través del cual, no dar la cara y evitar las explicaciones.
