Hace seis años, Wikileaks, con ayuda de cinco medios de comunicación, publicó una gran cantidad de documentos de las embajadas estadounidenses en todo el mundo. Aunque la experiencia dejó tocada y casi hundida a la organización y a su líder, Julian Assange (que sigue aún exiliado en la embajada de Ecuador en Londres), y la relación entre Wikileaks y algunos medios de comunicación con los que colaboraría acabó como el rosario de la aurora (en particular con el New York Times, cuyo editor tildó a Wikileaks, despectivamente, de «mera fuente»), sus efectos fueron muy importantes.
Por citar sólo dos ejemplos, la primavera árabe y el 15M español fueron fenómenos que, al menos en una pequeña parte, derivaron de dichas revelaciones. El golpe a las relaciones internacionales de EE UU con la mayoría de los países, aunque mitigado por la evidencia del poder enorme que sigue ostentando este país, fue demoledor. Estremece pensar qué habría podido pasar con el país cuyos documentos fueron expuestos a la luz pública si se hubiera tratado de Grecia o Bolivia... O España, por supuesto.
Desde entonces, se ha hecho más habitual que los medios de comunicación colaboren, entre sí y con organizaciones externas a los propios medios, en proyectos de investigación de calado. La capacidad que aportan las tecnologías para visibilizar lo que antes era invisible se combina con la virtud del periodismo para determinar, entre tantos documentos, cuáles son más relevantes; sintetizar la noticia y ofrecerla al público de manera comprensible y contextualizada. Y, precisamente por eso, tanto el actual escándalo Panamaleaks como el que apareció publicado hace un año, Luxleaks, parten de una organización de periodistas de investigación, el ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists), que trabajan colectivamente para extraer la información relevante y compartirla con sus socios de los diversos medios de comunicación interesados.
Las revelaciones de Panamaleaks, derivadas de un despacho de abogados que organizaba sociedades mercantiles en un paraíso fiscal, han generado un interesante debate sobre la intrusión en la intimidad de los afectados (cuyas acciones quizás sean constitutivas de delito en algunos casos, pero en otros muchos no); sin embargo, su valor como noticia es indudable. Y contribuye a poner en cuestión, por primera vez, la «sagrada» opacidad de los paraísos fiscales, que tantos efectos perniciosos genera. Si la vulneración de la intimidad de unos pocos sirve para impedir que otros muchos sigan sin pagar impuestos, probablemente la experiencia habrá merecido la pena. Tal vez entonces los gobiernos se atrevan a asumir que ningún sistema fiscal basado en que las clases altas (y, sobre todo, las sociedades mercantiles) no tengan que pagar los impuestos que les corresponden, ante la amenaza -nada velada y, a menudo, también infundada- de que, en caso contrario, se irán a otra parte, puede funcionar.
Llama mucho la atención, por último, que la incidencia informativa de las revelaciones de Panamaleaks, sobre todo las que afectan a los personajes más prominentes, es significativamente mayor que la que tuvo hace poco más de un año una filtración similar, Luxleaks, esta centrada en grandes empresas, que se beneficiaban de tributar en Luxemburgo, un obsceno paraíso fiscal en mitad de la Unión Europea. Posiblemente el impacto económico de Luxleaks sea mucho mayor, pero las historias asociadas con Panamaleaks resultan más coloridas. Por desgracia, al público le interesan más las peripecias de Messi (en lo que quizás sea su segundo intento fallido por evadir sus obligaciones fiscales), o de primeros ministros como James Cameron o Mauricio Macri, que las maniobras (similares en esencia) de las multinacionales para pagar cada vez menos impuestos.
