De la ocurrencia al despropósito en la jubilación de médicos

Cuando alguien se plantea realizar un trabajo o un proyecto, si las premisas, los objetivos o la metodología son erróneas, los resultados necesariamente van a acabar en un fiasco. En el caso que nos ocupa, la justificación de la orden que regulaba la jubilación forzosa, lejos de estar motivada por un verdadero plan de ordenación de recursos humanos, surgió por una necesidad imperiosa de ahorro económico. Dicho de forma más llana, un consejero incompetente recibe la imperiosa orden de ahorrar como sea y se le ocurre la feliz idea de que eliminando a los mayores de 65 años o amortiza plazas o se ahorra el complemento de antigüedad. Eso sí, lo justifica con el peregrino argumento de que la medida permite la entrada de jóvenes en el mercado laboral. Pasa por alto el valor añadido que aporta una persona con años de experiencia, agilidad en la práctica clínica o capacidad docente, entre otras cosas.

Como todo se realiza con precipitación e improvisación, la citada orden adolece de importantes defectos formales que derivan en resoluciones judiciales contrarias a la misma. En este caso, lo lógico es que se hubiera impuesto la idea de que rectificar es de sabios, pero se impone el criterio de que rectificar es de débiles, de tal forma que se continúa con más modificaciones formales erróneas y que también son rechazadas por los tribunales.

Al final llega un nuevo gobierno, que nos hace albergar esperanzas, ya que previamente sus miembros habían criticado todas las decisiones sobre la jubilación forzosa. Pero sorprendentemente nos encontramos con que se va retrasando la toma de decisiones, lo que hace sospechar que no saben muy bien cómo afrontar el problema. Lo lógico es que se hubiera vuelto a la situación anterior, paralizando la legislación existente y buscando una solución para los profesionales excluidos por la injusta medida. Sin embargo, lejos de imponer coherencia ante tamaño desatino, vemos que continúan con los mismos procedimientos que el gobierno anterior, es decir con una huida hacia adelante. Dicen que van a realizar un nuevo plan de ordenación de recursos humanos, pero continúan aplicando la legislación anterior y manteniendo la jubilación forzosa, eso sí argumentando como el gobierno saliente, que es imposible volver a la situación anterior por imperativos legales y llegando a la kafkiana situación de recurrir una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que anula un decreto que ellos mismos habían derogado (aunque para justificarlo dicen que lo anulado son solo algunos puntos). O sea, la cuadratura del círculo.

Todo ello lleva a deducir que lo más importante para la conselleria (tanto esta como la anterior) y una vez llegados a este punto, no es tanto buscar una solución a tamaño despropósito, sino impedir a toda costa que los profesionales excluidos por las sucesivas medidas vuelvan a integrarse de nuevo en sus puestos de trabajo poniendo todas las trabas posibles en forma de recursos y evidenciando una clara hipocresía.

Al final, cabe hacer la pregunta que los economistas consideran la clave para sustentar cualquier proyecto: ¿y esto, quién lo paga? Pues bien, la respuesta está clara: los ciudadanos, que por una parte quedan privados de los beneficios que todavía pueden aportar unos profesionales con un importante bagaje de experiencia y cualificación, y por otra van a tener que asumir en algunos casos las indemnizaciones derivadas de la chapucera gestión de unos gobernantes incapaces de imponer raciocinio en las decisiones que tienen que tomar.

Hay un dicho popular que afirma que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, pero algunos se empeñan en darle sentido a la piedra.