El envejecimiento progresivo del campo valenciano tiene una cifra demoledora: casi la mitad de las 114.000 explotaciones agrarias está ya en manos de jubilados. Y apenas 5.000 agricultores son menores de 40 años, lo que pone en serio riesgo el relevo generacional. Esta situación, no obstante, no es nueva. Viene de muy atrás, sin que los esfuerzos de las diferentes administraciones ni de las organizaciones profesionales para revertirla o frenarla hayan dado frutos.
El sector agrario autóctono padece de varios males endémicos desde hace lustros. El principal de ellos, sin duda, es el de la falta de rentabilidad. Un proceso histórico que en vez de reducir el minifundismo lo ha acentuado, y la progresiva caída de precios han contribuido de forma decisiva a ese declive. Ni siquiera el potente movimiento cooperativo ha conseguido salvar a muchos agricultores.
El boom inmobiliario de principios de siglo tuvo, además, un efecto pernicioso, al fomentar la venta de terrenos rústicos poco rentables a precios desorbitados para destinarlos a la construcción, con el conocido efecto perverso sobre nuestra economía. Ese progresivo abandono de las explotaciones acarrea, asimismo, perjuicios para el equlibrio medioambiental y la conservación del territorio.
La política de ayudas para favorecer la incorporación de jóvenes se ha demostrado claramente insuficiente para asegurar el futuro del sector, por más que se tripliquen las peticiones. Lo será, además, mientras no se aborden los retos fundamentales que permitan al productor estar en igualdad de condiciones frente al resto de actores de la cadena alimentaria que le permita asegurar la rentabilidad de su trabajo.
Y, sobre todo, mientras no se trabaje a fondo en devolver a esta actividad el prestigio social que ha perdido: mientras los propios agricultores no inviten a sus hijos a sucederles en vez de abandonar el campo. Y mientras esos mismos jóvenes, mucho mejor formados y con más conocimientos, no constaten que trabajar la tierra recompensa, en lo económico y en lo social.
