En estos momentos, nadie está en condiciones de vislumbrar las consecuencias que sobre el futuro de los servicios públicos que gestiona la Generalitat Valenciana (GV) pueden tener los sucesivos déficits existentes. Todo indica que tampoco lo saben Rajoy y Montoro (RyM), lo que incrementa la alarma de los valencianos. Pillados entre Bruselas y unas nuevas elecciones, no parece que tengan las cosas claras en ningún sentido. Las decisiones que han ido tomado estos últimos días, basadas en utilizar el péndulo de la presión sobre las comunidades autónomas (CC AA) como única táctica, son preocupantes. Sus cambios de opinión al socaire de las posibilidades electorales junto a su incapacidad para coger el toro por los cuernos está alterando la convivencia entre nosotros. Decidir sobre déficits extremos es mucho más difícil que filtrar declaraciones fiscales.
¿Tan difícil es llamar a algún tipo de pacto con las CC AA, antes de unas elecciones generales? Aunque uno no comparta el camino tomado por el Consell „empeñado en proponer papeles de poli bueno interpretado por el president Puig (hablando con Montoro con aire de futuro jefe de gobierno y con altura de miras) y de poli malo encarnado por el conseller Soler (incontinente en el discurso y la descalificación)„ entiende que ahora no es posible aclararse con las intenciones de RyM en este período de interinidad e insolidaridad. Estamos en la liturgia propia de una cruel ceremonia de la confusión, con final tan duro como previsible.
Tras reconocer la magnitud del déficit de 2015 y las exigencias de Bruselas consiguientes ante el incumplimiento denunciado, RyM entraron en hiperactividad anunciando una serie de medidas extraordinarias, la primera de las cuales consistió en declarar, nada más y nada menos, la no disponibilidad de crédito. En lo que llevamos de abril, el ministerio ha dirigido tres cartas a la Conselleria de Hacienda. Las dos primeras, pretendidamente contundentes, decían avisar/ordenar/amenazar (tome el lector el verbo que más se ajuste a su sensibilidad) para que la GV recortara su presupuesto de 2016 en unos 1.000 millones. Se establecía un plazo de quince días para que se comunicara aquellas partes del presupuesto de la GV en las que se iban a producir los correspondientes recortes. En caso contrario, aplicaría la legislación vigente en control presupuestario.
Pocos días después, como para dar ejemplo, RyM recortaban los propios Presupuestos Generales del Estado en 2.000 millones. A las pocas horas se ponía en marcha un mecanismo del tipo hombres de negro en forma de reunión bilateral con la GV y con otras CC AA.
A continuación, RyM anunciaron haber conseguido de Bruselas la posibilidad de subir el nivel del déficit permitido en ocho décimas del PIB, que se iba a repartir entre pensiones y CC AA. Algunas de ellas suspiraron pero otras, como la nuestra, lo consideraron inútil. En realidad, es volver a los parámetros vividos en 2015, que acabó con un déficit que ha triplicado esta cantidad. Al atravesar un río, si uno acaba ahogado poco importa a qué altura se produce el colapso.
El ultimátum de quince días para estrechar el control sobre las CC AA finalizaba el pasado sábado, pero RyM el jueves mandaron una tercera carta más conmiserativa, diciendo que iban a esperar a las reuniones bilaterales y al desarrollo de la reunión del Consejo de Política Fiscal del próximo jueves. Parecen haberse asustado de su propia decisión o haber hecho de nuevo algún cálculo electoral: «el momento es excepcional», dicen sin indicar si ello se debe a Bruselas o a las elecciones. ¿No era tan vital e urgente hace una semana?
Cuando menos, estamos ante el gran vicio de las administraciones públicas españolas, perfectamente detallado en Valencia el pasado miércoles por el catedrático Carlos Sebastián, consistente en dictar leyes que ellas mismas van a incumplir. Una conducta insana que deja perpleja a Europa e irremediablemente desconfiados a los españoles. La ley fija un plazo de 15 días para aprobar la no disponibilidad de créditos que garantice el cumplimiento del objetivo fijado. A partir de ahí, si Hacienda lo considera necesario, las CC AA deberán constituir un depósito con intereses en el Banco de España equivalente al 0,2 % de su PIB nominal, que se cancelará cuando se apliquen las medidas exigidas. Si, tres meses después, la autonomía no hubiera presentado o aprobado el plan, el depósito no devengará intereses, pero con tres meses más de incumplimientos, éste pasará a convertirse en multa coercitiva. Si, llegados a este punto, persisten los incumplimientos, el ministerio podrá enviar una comisión de expertos para que valore la situación de la comunidad y le proponga medidas que serán de obligado cumplimiento.
Sorprendentemente, la tercera carta se desdice de las anteriores y ahora da un mes más a las CC AA para que expliquen cómo van a recortar. Con estos usos propios de adolescentes y llenos de medias verdades es imposible pedir sacrifico y solidaridad alguna. «Te asusto a conciencia para que llores y te enfades mucho, luego aflojo un poco y ya veremos». Con estos mimbres no es posible tomarse en serio que RyM puedan plantearse una intervención de iure de la GV. Sin embargo la incapacidad política no resuelve la situación.
Hace ahora un año, muchos temíamos que el Reino de España no pudiera cumplir los déficits para 2015 acordados con Bruselas. Sin embargo, la proximidad de unas elecciones llevó a RyM a presentar para 2016 unos presupuestos falaces, con partidas hoy tan difíciles de metabolizar por el común de los españoles como la devolución a los funcionarios de una paga extra de 2012. En el Consell repitieron la operación aunque para ello recurrieran a presupuestos virtuales.
En su tiempo, hubo que avisar de la formación de una deuda monstruosa e inasumible para la CV; a continuación se tuvo que hacer de un déficit que se pretendía cubrir con ingresos virtuales y ahora, en la cuesta abajo, ya estamos con acuciantes y simple problemas de caja. Hemos pasado de lo mucho que debemos, al desajuste entre los que ingresamos y gastamos, para tener que avisar que no pagaremos facturas y que hay que congelar las inversiones. Habría que ir pensando en cerrar alguna conselleria.
A partir de este análisis, ¿de verdad hay algo parecido a la existencia de una hoja de ruta, en Madrid o en Valencia?
