25 de abril de 2016
25.04.2016

La senda de Ernest Lluch

25.04.2016 | 04:15

Hace hoy 30 años se promulgó la Ley General de Sanidad. El 25 de abril de 1986 vio la luz la norma con que se sentaron las bases de la universalización de la asistencia sanitaria en España. El liderazgo transformador de Ernest Lluch como ministro de Sanidad hizo posible la consolidación de un sistema sanitario que, frente al modelo privatizador que se alentaba desde distintos sectores, extendió a toda la población la cobertura sanitaria pública.

La reforma sanitaria del Gobierno socialista reconoció el derecho a la atención a ocho millones de personas que vivían sin cobertura médica. A partir de entonces, el sistema sanitario público español se convirtió en un referente de calidad y equidad en todo el mundo gracias a la implicación de profesionales, ciudadanía y administraciones que lo hicieron suyo. La ley ha supuesto un éxito colectivo de nuestra sociedad.
Un camino que se quebró hace cuatro años, el 20 de abril de 2012, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó el Real Decreto-ley 16/2012. El actual presidente en funciones aprovechó como excusa la crisis económica para retroceder 26 años y romper con el modelo sanitario público de protección universal instaurado en la Ley General de Sanidad.

Cerca de un millón de personas quedó huérfano de asistencia sanitaria normalizada. Entre ellas, cientos de miles de migrantes en situación irregular, a los que se dejó en la cuneta del sistema y perdieron el derecho de ser tratados en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos. Además, se establecieron barreras económicas y copagos a la atención farmacéutica.

Hace nueve meses, Ximo Puig firmó su primer decreto ley como president de la Generalitat Valenciana. La primera medida que tomó el Gobierno del cambio, el 24 de julio de 2015, fue sancionar con el Decreto 3/2015 la recuperación de la universalidad de la atención sanitaria en la Comunitat Valenciana.

Como destaca el preámbulo de la norma, el Gobierno valenciano tiene la firme convicción de que el acceso a una atención sanitaria integral, de calidad, en condiciones de equidad y de universalidad es un derecho fundamental de toda persona. Y que velar por el cumplimiento del derecho universal a la protección de la salud de la ciudadanía constituye una exigencia moral. Más aún cuando quienes se ven privados de una asistencia digna sufren situaciones de vulnerabilidad, riesgo de exclusión social, carecen de suficientes recursos económicos o viven en condiciones de irregularidad administrativa. Meses más tarde, el 29 de diciembre de 2015, el Consell aprobó dos decretos para eliminar, a través de subvenciones, las barreras económicas impuestas por el Gobierno de Rajoy a cerca de un millón de personas en la Comunitat Valenciana, pensionistas con rentas bajas y personas con diversidad funcional, con la introducción de los copagos farmacéuticos.

La Ley General de Sanidad marcó hace 30 años el camino a seguir en la defensa de un sistema de salud público, de calidad, descentralizado y universal. Un modelo comprometido en fomentar la cohesión social y convertido en un potente instrumento de justicia social.

Desde la Comunitat Valenciana, en la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública tenemos muy claro cuál es el camino que nos conduce a reforzar el legado que nos dejó nuestro estimado Ernest Lluch. Y en ello estamos. Por este motivo, venimos reclamando la suficiencia financiera en la Comunitat Valenciana así como contar con los mecanismos necesarios que doten de financiación suficiente al sistema de salud público, como garantía de futuro de su calidad y para desterrar para siempre la tentación de dar pasos atrás como hizo el Gobierno de Rajoy con el decreto 16/2012.

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