Los pueblos que olvidan sus elecciones están condenados a repetirlas, quiso decir más o menos Santayana. Salvo que la insistencia en hablar de una reedición electoral supone una perversión del lenguaje. No hay repetición, sino inaudita supresión de los comicios y de su traducción parlamentaria. La anulación del 20D, antes de ponerlo en práctica, pretende alejar de las urnas a quienes en diciembre superaron sus reticencias para demostrar que los votantes no son propiedad de los partidos. El empeño de borrar la última convocatoria a Cortes ha sido compartido codo con codo por PP y PSOE. Los socialistas han quedado malheridos por su renuncia a gobernar. Los entusiastas de volver a votar hasta que se materialicen sus anhelos avizoran una mayoría absoluta para PP y Ciudadanos. No se alcanzaría por la inverosímil victoria de la derecha, sino por un retroceso acusado de Pedro Sánchez. Si Mariano Rajoy no ganó las elecciones, el socialista decidió perderlas por su cuenta.
Sin embargo, el CIS acude en socorro de quienes apuestan por la perseverancia imperturbable de los votantes. Cuatro de cada cinco encuestados consideran que no se equivocaron y mantienen su voto, una constancia excepcional en un país de volatineros. De hecho, no se equivocó ninguno, pero el nivel de reafirmación sigue siendo elevado. El profundo sondeo demuestra que sería más democrático, en cuanto respetuoso con la voluntad popular, haber mantenido el Parlamento disuelto en lugar de convocar nuevas elecciones. La legalidad evidente de la cita de junio no enmascara un procedimiento tan insólito que cuesta ensamblarlo en la voluntad de los redactores de la Constitución. De hecho, los padres no previeron la circunstancia de que un político como Rajoy se negara a la propuesta del rey para defender su candidatura ante el Congreso. Por sí mismo, este comportamiento debería implicar su expulsión de la liza electoral.
El CIS se inventó en diciembre el pronóstico de la mayoría absoluta de PP y Ciudadanos que tanto convenía a su jefa, Soraya Sáenz de Santamaría. Confiando en que sea más preciso cuando generaliza, divide a los encuestados en dos Españas, la que se apasiona por las campañas electorales y la que se desentiende (49 %). Sin embargo, dos de cada tres entrevistados piensan que pueden influir en la política mediante su voto. Entre otras cosas, porque consideran con pruebas sobradas que los políticos se despreocupan de sus gobernados (75 %). El sondeo retrata un país razonablemente escéptico frente a las instituciones, conservador en seguridad pero socialmente de izquierdas, mal que le pese a Esperanza Aguirre. Y en un aviso a los distorsionadores de resultados estadísticos, los votantes no se dejan influir por los sondeos a la hora de decidir su sufragio (91 %).
El implacable interrogante de Camus „«¿la vida merece la pena de ser vivida?»„ cuenta con una transposición inmediata a la convocatoria de junio. ¿Las elecciones merecen la pena de ser votadas?, o simplemente ¿hay que votar? La respuesta de los encuestados apunta a votar lo mismo que el 20D. No solo porque el cliente siempre tiene la razón, y una corrección del sufragio supondría la admisión de un error previo. El CIS concluye además que los electores creen en la influencia de su voto, por mucho que se superponga a otros millones de papeletas (72 %). La reincidencia certifica la opinión del votante y reprocha el fracaso de los partidos que le castigan a repetir el gesto, incluido el suyo.
Desde un artículo no procede reclamar el voto para un partido concreto, porque sería indelicado. Sin embargo, puede pedirse el voto sin compromisos para el mismo partido que en diciembre, con lo cual solo se peca de redundante. La mejor estrategia para reivindicar el 20D consiste en reproducirlo con la exactitud acreditada por Borges, en aquel Imperio que levantó un mapa del tamaño del territorio cartografiado. Aunque los resultados de junio repitan inmisericordes el último marcador acreditado, esta vez tendrán consecuencias. Una vez evitada in extremis la participación de Podemos en el Gobierno que decretaban los resultados, podrá comprobarse si Sánchez entrega a los socialistas al PP. La orden procede de los mismos sectores que le prohibieron una alianza de izquierdas. Confiaban en un retroceso apreciable de la participación, en una segunda entrega. El CIS les desmiente involuntariamente, al contrastar que incluso los abstencionistas consideran que hay que acudir a las urnas (91 %). No han logrado el descrédito de las elecciones.
