16 de mayo de 2016
16.05.2016

Nuestra Justicia, vista desde fuera y desde dentro.

16.05.2016 | 00:32

Transcurridas tanto la X Legislatura como la fallida XI, los problemas en materia de Justicia, lejos de disminuir, se acrecientan. Medidas legislativas tales como la implantación de las tasas judiciales o el límite temporal de seis meses para instruir las causas penales (entre otras muchas) han venido a unirse a la ya tradicional falta de interés por invertir en medios personales y materiales destinados al Tercer Poder, generándose así un clamor unánime entre todos los profesionales del sector (abogados, procuradores, funcionarios, jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, etc€.). Se trata de quejas que, pese a su contundencia y ecuanimidad, han sido desatendidas con una displicencia que debe provocar la alarma de toda la ciudadanía, habida cuenta de la trascendencia que supone para un Estado de Derecho disponer de un Poder Judicial eficiente, ágil, certero e independiente.

En este contexto se acaban de conocer recientemente dos informes que evidencian más problemáticas aún en el seno de la estructura judicial, y que ponen el dedo en una llaga que venía denunciándose desde hacía tiempo pero que, como es costumbre en nuestro país, estaba condenada a los oídos sordos en vez de a las voces razonadas. El primero de ellos proviene de la Comisión Europea, que publicó el cuadro de indicadores de Justicia de la UE donde se mostraba a las claras la percepción negativa en cuanto al grado de independencia del sistema judicial español, por culpa principalmente de las interferencias del Gobierno y de la influencia de los poderes económicos. "La percepción de la independencia de la Justicia sigue siendo un reto para España", afirmó la comisaria europea Vera Jourova en la presentación de estas conclusiones, que dejaban también patente el enorme margen de mejora en cuanto al número de jueces por habitante y en la inversión de fondos en este ámbito, comparadas las cifras con las de los primeros puestos de la lista de los veintiocho países que conforman la Unión Europea.

El segundo informe se ha redactado en el seno del Consejo de Europa, un órgano distinto e independiente de la propia Unión Europea. Bajo el ilustrativo título de "Los desafíos a la independencia judicial y a la imparcialidad en los Estados miembros del Consejo de Europa", es la continuación de otro estudio del año 2015 denominado "Estado de la Democracia, los Derechos Humanos y el Estado de Derecho en Europa: Una responsabilidad compartida para la seguridad democrática en Europa". En él se afirma categóricamente que la elección del Consejo General del Poder Judicial -compuesto por jueces y juristas designados por las autoridades políticas- supone "una amenaza potencial para la independencia judicial". Y añade: "Con este vínculo tan obviamente político, el CGPJ no puede garantizar la división de poderes del Estado. Más bien al contrario, su propia configuración (el hecho de que esté compuesto por jueces y abogados plenamente elegidos por las autoridades políticas) presenta una amenaza potencial para la independencia judicial". Además, concluye que la última reforma de este órgano, aprobada por el Gobierno del Partido Popular, empeoró notablemente la situación, al debilitar "su naturaleza y funciones como garante de la independencia judicial".

Por si todavía no fuera suficiente, además de estas dos llamadas de atención provenientes del exterior, también en los últimos días se han llevado a cabo manifestaciones dentro de nuestras propias fronteras que insisten en los mismos temas y que llegan a idénticas conclusiones. Así, la Plataforma por la Independencia del Poder Judicial difundió un comunicado en el que criticaba abiertamente al Presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, por su autocomplacencia al afirmar que el Consejo General del Poder Judicial lo esta haciendo "francamente bien",  a pesar de la evidencia de unos datos que demuestran lo contrario. En dicho comunicado se apuntaba que en la última encuesta realizada entre 1.258 jueces en activo, a la pregunta "¿Cree usted que en los nombramientos que realiza el CGPJ prevalecen los criterios de mérito y capacidad?" tan sólo el seis por ciento de los participantes contestó que sí, frente a un sesenta y siete por ciento que respondió negativamente y un once por ciento que prefirió acogerse a la opción "prefiero no contestar a eso".

Por lo tanto, no cabe duda de que la situación es grave, con el Ejecutivo en funciones, las Cortes Generales disueltas y, lo que es peor, sin un mínimo atisbo en el horizonte que invite al optimismo de cara al futuro. Mucho me temo que la Administración de Justicia seguirá siendo maltratada y, por derivación, todos y cada uno de los ciudadanos.

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