Cuando uno repasa el programa electoral de quienes tienen la responsabilidad de llevar a cabo las políticas sociales valencianas y mira a su alrededor, le embarga la sensación de haber sido engañado por aquellos líderes que clamaban indignados por las personas desfavorecidas y exigían su rescate como prioridad. Y es que la radiografía de la situación actual lleva a pensar que hay quienes, al llegar al poder, son capaces de sacrificar los ideales, las promesas y los sentimientos.

Veamos. Del prometido pago inmediato y generalización de la Renta Garantizada de Ciudadanía a las personas necesitadas hemos pasado a un retraso de ocho meses. No hace tanto, la propia Mónica Oltra, estando en la oposición, declaraba que el derecho de las personas debía estar por encima de las cuestiones económicas, y que era inadmisible que el anterior gobierno aumentara la situación dramática de la gente. Pues bien, no creo que este dramatismo haya cambiado hoy.

De igual modo, resulta intolerable que una persona tarde seis semanas en ser atendida en el Centro Mujer 24 horas de Valencia, un recurso al que se acude de forma urgente y en muchos casos bajo amenaza angustiosa. Es un escándalo que choca frontalmente con las medidas de emergencia prometidas, sobre todo teniendo en cuenta que los datos señalan a la Comunitat Valenciana como una de las que registra mayores tasas de maltrato.

También están los seis meses que hay que esperar para poder conseguir el reconocimiento de familia numerosa, que permitiría a tantos padres acceder a unas ayudas que necesitan. Pero es que el Gobierno del Botànic ha tardado diez meses en plantearse políticas de empleo, en una sociedad necesitada de iniciativas de inserción socio-laboral.

Suma y sigue: a día de hoy no cesan los desahucios, triste realidad que en algún caso ha acabado en tragedia. La prueba es que continúan produciéndose manifestaciones de la plataforma anti-desahucios sin que se advierta la adopción de medidas que permitan aventurar que se hace frente a un drama social que tanto preocupó en otro tiempo. De hecho, las camisetas de denuncia han desaparecido y, con ellas, las promesas de quienes ahora gobiernan.

Frente a esta realidad, nuestros dirigentes se limitan a trasladar toda la responsabilidad a otros: unos días hablan de infrafinanciación y otros critican a los supermercados por tirar comida. Tras diez meses de gobierno se les han acabado las excusas. Han demostrado una alarmante falta de ideas, pero quizás lo peor es lo pronto que han olvidado a aquellas gentes que, aseguraban, serían su primer objetivo.